El proceso judicial contra el senador Rodrigo Paz se originó tras una denuncia presentada por el actual alcalde de Tarija, Jhonny Torres. La construcción del puente 4 de Julio, adjudicada a la empresa Convisa por un valor de Bs 73,2 millones, debía concluir en diciembre de 2020. Sin embargo, la obra experimentó varias ampliaciones de plazo que tampoco fueron cumplidas, lo que llevó a la rescisión del contrato en agosto de 2022. Según el gobernador de Tarija, Oscar Montes, con el presupuesto destinado a este puente podrían haberse construido tres puentes similares, lo que ha levantado serias dudas sobre el manejo de recursos públicos.
Junto a Paz, la Fiscalía también imputó a los exconcejales Alfonso Paul Lema Grosz, Cira Flores Villaroel, Esther García Andrade de Mondocorre, Valmore Eduardo Donoso Zambrana y Alan Echart Sossa, por el presunto delito de incumplimiento de deberes. La investigación sostiene que existen suficientes indicios para vincular a los imputados con los hechos delictivos tipificados en el Código Penal Boliviano. Los fiscales han solicitado medidas cautelares, como la anotación preventiva y la hipoteca legal de los bienes de los acusados, para garantizar la reparación del daño económico al Estado.
El caso se encuentra en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que deberá fijar fecha y hora para las audiencias de medidas cautelares. Este proceso ha generado gran expectativa en Tarija, ya que pone en el centro del debate el uso eficiente de recursos públicos y la transparencia en la gestión de obras de infraestructura. La resolución del caso podría tener implicaciones significativas en el ámbito político y judicial del país.
Redaccion central y agencias
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