La advertencia del empresario Marcelo Claure sobre una posible crisis energética en Bolivia hacia 2030, derivada de la caída en la producción de gas, no es un simple lamento pesimista: es un reflejo de tendencias verificables que exigen acción inmediata. La dependencia del país del gas natural, tanto para ingresos por exportación como para el suministro interno de sus termoeléctricas, lo coloca en una encrucijada crítica. Sin embargo, el colapso no es inevitable si se adoptan medidas razonables y estratégicas en el corto y mediano plazo.
El diagnóstico: un declive preocupante
Los números no mienten. Las exportaciones de gas, pilar económico de Bolivia, cayeron un 21,2% en 2024, pasando de 2049,7 millones de dólares a 1614,7 millones, según el INE. La producción de los grandes yacimientos como San Alberto y Margarita está en declive por falta de mantenimiento e inversión, mientras las reservas probadas disminuyen. Al mismo tiempo, la demanda interna crece: el consumo de gas para generación eléctrica se ha duplicado en cinco años, y las termoeléctricas, responsables de cerca del 60% de la electricidad nacional, dependen de un suministro que empieza a escasear. Si esta trayectoria no se corrige, el pronóstico de Claure —apagones en cinco años— podría materializarse.
Opciones sobre la mesa
Revertir este escenario requiere un enfoque dual: sostener la producción de gas como solución inmediata y diversificar la matriz energética como estrategia de mediano plazo.
- Gas como prioridad táctica: Acelerar la explotación de nuevos yacimientos, como el anunciado «megapozo» de 1,7 trillones de pies cúbicos, es esencial. Esto exige asociaciones con empresas extranjeras —flexibilizando las reglas de YPFB sin ceder soberanía— y optimizar los campos existentes con tecnología de punta. Reducir exportaciones a Brasil y Argentina (cuyo contrato con el primero vence en 2026) para priorizar el consumo interno también es viable, aunque implica sacrificar divisas a corto plazo.
- Diversificación como salvavidas: Bolivia no puede seguir dependiendo solo del gas. Proyectos hidroeléctricos pequeños, como San José, y plantas solares modulares en el altiplano —donde la radiación es óptima— podrían sumar megavatios significativos antes de 2030. La biomasa, usando residuos agrícolas, es otra alternativa subestimada para zonas rurales.
El costo de la inacción
La crisis no es solo energética, sino económica y política. La caída de ingresos agrava la escasez de dólares (las reservas netas están por debajo de los 2000 millones, según el BCB), mientras los subsidios a combustibles importados drenan recursos que podrían financiar esta transición. Un apagón en 2030 no solo apagaría luces, sino que paralizaría industrias y exacerbaría el descontento social.
Una salida razonable
No se necesita un «nuevo gobierno» como sugiere Claure, sino decisiones pragmáticas ahora. Un pacto nacional por la energía —con empresarios, técnicos y oposición— podría alinear esfuerzos: gas para sobrevivir los próximos cinco años, renovables para construir el futuro. La pregunta no es si Bolivia puede evitar el apagón, sino si está dispuesta a actuar con la urgencia que el reloj impone.
Por Sofía Vargas, Analista Energética
About Author
