En un contexto de creciente malestar social por la escasez de dólares y combustible, Eduardo Del Castillo, exministro de Gobierno y candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo (MAS), lanzó un llamado urgente al presidente Luis Arce para que implemente medidas inmediatas que inyecten 1,000 millones de dólares a la economía boliviana. Sin embargo, expertos advierten que la falta de seguridad jurídica en el país representa una barrera casi insalvable para la viabilidad de estas propuestas, especialmente en un horizonte de apenas dos meses antes de las elecciones generales.
Una propuesta ambiciosa en medio de la crisis
En un video difundido en redes sociales el 4 de junio, Del Castillo exhortó al Banco Central de Bolivia (BCB) a dejar de ser una “traba” y propuso tres medidas para aliviar la crisis: la emisión de bonos colateralizados, la colocación anticipada de activos estatales y una administración más activa de las reservas internacionales. Según el candidato, estas acciones podrían generar 1,000 millones de dólares “casi de inmediato”, estabilizando el suministro de combustible y frenando la presión sobre el tipo de cambio, que en el mercado paralelo supera los 11 bolivianos por dólar, frente a los 6.86 oficiales.
La crisis económica, marcada por reservas internacionales en niveles críticos (166 millones de dólares en efectivo a fines de 2023, según el BCB), una inflación anual del 15.01% en abril de 2025 y largas filas en estaciones de servicio, ha generado protestas en varias regiones del país. Del Castillo, quien busca diferenciarse de Arce dentro del fracturado MAS, apuesta por un discurso de acción inmediata, pero su propuesta estrella —la emisión de bonos colateralizados— enfrenta un obstáculo estructural: la falta de confianza de los inversionistas.
La inseguridad jurídica: un muro para los inversionistas
La emisión de bonos colateralizados, respaldados por activos como el oro del BCB o recursos de empresas estatales como YPFB, requiere atraer capital nacional e internacional. Sin embargo, analistas coinciden en que la inseguridad jurídica en Bolivia desincentiva cualquier inversión significativa. “El historial de nacionalizaciones del MAS, la percepción de un sistema judicial politizado y la volatilidad política generan un riesgo país elevado”, explica Carla Méndez, economista de la Universidad Mayor de San Andrés. “Ningún inversionista serio comprará bonos sin garantías legales claras, especialmente en un contexto de posible devaluación del boliviano.”
El índice de riesgo país de Bolivia, que se ha mantenido alto desde 2023, refleja esta desconfianza. A esto se suma la inconsistencia en las políticas económicas: en 2024, el BCB revirtió una medida que flexibilizaba el uso de reservas de oro debido a presiones políticas, un precedente que alarma a los mercados. La brecha cambiaria y la incapacidad del gobierno para estabilizar el suministro de combustible, evidenciada por los camiones cisterna varados por los bloqueos, refuerzan la percepción de un país en crisis.
¿Es viable la propuesta en dos meses?
La urgencia de Del Castillo contrasta con la magnitud de la crisis. Las reservas de oro (1.6 mil millones de dólares) y los Derechos Especiales de Giro (83 millones) del BCB son insuficientes para financiar importaciones masivas de combustible o estabilizar la economía sin medidas estructurales. La colocación anticipada de activos, otra de las propuestas, enfrenta el mismo problema de confianza, mientras que la “administración activa de reservas” podría generar especulación cambiaria si no se gestiona con cuidado.
Las iniciativas del gobierno Arce y de su ministro Montenegro no han resuelto el desabastecimiento ni la inflación, que ha encarecido productos básicos como la carne y el arroz. “En dos meses, el gobierno no tiene el tiempo ni los recursos para revertir una crisis que lleva años gestándose”, afirma Méndez. “Las propuestas de Del Castillo suenan atractivas, pero sin seguridad jurídica, son más un discurso electoral que una solución práctica.”
Un MAS dividido y un país en vilo
La propuesta de Del Castillo también refleja las tensiones internas del MAS, donde la rivalidad con Arce, candidato a senador por la misma plancha, se intensifica de cara a las elecciones de 2025. Mientras el exministro critica la inacción del BCB, el gobierno enfrenta protestas de transportistas, agricultores, empresarios y comerciantes, quienes exigen soluciones al desabastecimiento y la inflación. La falta de coordinación entre las facciones del MAS complica aún más la posibilidad de implementar medidas efectivas en el corto plazo.
A este paso como duelen decir en Bolivia, aunque las propuestas de Del Castillo buscan responder al clamor popular, la falta de seguridad jurídica y la profundidad de la crisis económica limitan su viabilidad. Sin un cambio estructural que restaure la confianza de los inversionistas y estabilice el entorno político, Bolivia seguirá enfrentando filas en las gasolineras, un dólar inalcanzable y un futuro incierto.
Redacción central
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