En el marco de su campaña presidencial rumbo a las elecciones del 17 de agosto de 2025, Manfred Reyes Villa ha lanzado propuestas que rápidamente captaron la atención del electorado. Entre las más destacadas se encuentran la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13% al 10%, presentada como una «transformación inmediata» para aliviar la presión tributaria sobre la población, y la promesa de mantener el precio del litro de gasolina en 5 bolivianos durante cinco años.
Ambas medidas, aunque atractivas en términos electorales, carecen de un marco técnico y financiero que explique su implementación. En un país donde los ingresos por exportación de gas han disminuido drásticamente en la última década —pasando de miles de millones de dólares a cifras considerablemente menores—, reducir la recaudación impositiva puede generar un serio desequilibrio fiscal. La medida implicaría recortes o nuevas fuentes de ingresos que no han sido detalladas por el candidato.
Por otro lado, el compromiso de congelar el precio del combustible desconoce los altos costos de importación y los actuales subsidios estatales, que ya representan una carga significativa para las finanzas públicas. La propuesta podría profundizar los déficits fiscales, especialmente si no se plantea una reforma estructural en el sistema energético nacional.
Juan Martínez, analista político y economista, señala que estas promesas “parecen más bien diseñadas para ganar votos que para gobernar con responsabilidad”. Además, recuerda que Reyes Villa, como alcalde de Cochabamba, “no logró resolver problemas estructurales como el tratamiento de residuos, el caos vehicular ni el comercio informal desbordado. Su gestión dejó muchas deudas pendientes y poca planificación urbana.”
En un contexto donde la credibilidad política se juega en la capacidad de presentar propuestas realistas, estas ofertas electorales podrían terminar siendo solo parte del espectáculo preelectoral, sin mayor impacto en la vida real de los ciudadanos.
Redacción central
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