La Paz, 14 de agosto de 2025 – El Ministerio Público de Bolivia investiga al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, por presuntos actos de corrupción vinculados a Botrading S.A., subsidiaria creada en Paraguay para importar combustibles. La pesquisa, que también involucra a la presidenta de Botrading, Sandra Otazu, y a al menos cinco personas más, se centra en denuncias de sobreprecios y manejos irregulares que habrían causado un daño económico al Estado de decenas de millones de dólares.
La denuncia fue presentada el 3 de junio de 2025 por Ludwing Sánchez, exfuncionario de YPFB, quien acusa a Dorgathen y a otros ejecutivos de uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica. Un informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, concluido en mayo, identificó sobreprecios de $us 18,7 millones en 2023 y $us 37,4 millones en 2024, en 12 contratos con Botrading, descrita como una “empresa de papel” sin infraestructura real.
La demora de tres meses entre el informe legislativo y el inicio de la investigación ha despertado críticas ciudadanas y reclamos de celeridad. “La población está cansada de la lentitud en casos de corrupción que afectan nuestro bolsillo y el suministro de combustibles”, expresó un transportista en La Paz, en medio de filas prolongadas en estaciones de servicio.
El fiscal Omar Yujra confirmó que se han emitido requerimientos de prueba, citaciones y una solicitud de cooperación internacional con Paraguay. No obstante, operativos como el registro de las oficinas de YPFB Refinación en Santa Cruz fueron postergados por trámites administrativos, lo que refuerza la percepción de ineficiencia.
Acusaciones al entorno presidencial
El caso también ha salpicado a Luis Marcelo Arce, hijo del presidente Luis Arce, señalado por opositores como posible beneficiario de las operaciones de Botrading, aunque sin pruebas directas. El mandatario calificó estas acusaciones como “guerra sucia” política. Su otro hijo, Rafael Arce, enfrenta una investigación separada por enriquecimiento ilícito, sin relación con Botrading.
Exigen transparencia
Organizaciones sociales y legisladores opositores, como Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana, reclaman rapidez y transparencia para evitar impunidad. YPFB sostiene que Botrading operó legalmente y que los sobreprecios obedecen a ampliaciones contractuales para asegurar el suministro de combustibles.
La investigación avanza bajo la presión de esclarecer la verdad en un caso que compromete la gestión de YPFB y la confianza ciudadana en las instituciones. La cooperación con Paraguay y las declaraciones de los implicados definirán si se presentan imputaciones formales.
Redaccion central
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