Santa Cruz, 18 de agosto de 2025 – La Fiscalía General del Estado encendió las alarmas al activar una alerta migratoria contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. La medida, ejecutada por la Dirección de Migración, impide que Rafael Arce salga del país sin notificación previa y busca garantizar su permanencia mientras avanzan las pesquisas sobre la cuestionada compra del predio “Adán y Eva” en Santa Cruz.
El terreno, de 2,187.8 hectáreas ubicado en los municipios de La Guardia y Cabezas, fue adquirido en noviembre de 2021 por USD 3.3 millones, según reveló una investigación de CONNECTAS. Lo que más sorprende es que, al momento de la operación, Rafael apenas tenía 25 años, lo que pone en duda su capacidad económica para concretar semejante transacción. A ello se suma que, junto a su hermana Camila Arce, accedió a préstamos del Banco Ganadero por USD 9.1 millones, lo que ha levantado más sospechas sobre el origen de los recursos.
El caso, denunciado inicialmente por el diputado Héctor Arce —referente del evismo— y respaldado por legisladores de oposición, también señala graves irregularidades ambientales. La Fiscalía investiga el desmonte de 479 hectáreas para sembrar maíz y soya en un área clasificada como Tierra de Producción Forestal Permanente, además de los permisos exprés otorgados por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y la construcción de un puente estatal que favorece directamente al predio.
Mientras el fiscal general Roger Mariaca asegura que la investigación se lleva adelante con objetividad y sin persecución política, la polémica ya sacude al escenario nacional. El propio presidente Luis Arce salió en defensa de su hijo, denunciando una “guerra sucia” en su contra, aunque organizaciones como Fundación Tierra han alertado sobre daños ambientales y posibles abusos de poder.
La tensión crece también dentro del MAS. Evo Morales sugirió en redes sociales que Rafael podría intentar salir del país, alimentando especulaciones que, aunque no cuentan con respaldo oficial, refuerzan el clima de desconfianza. Por ahora, la Fiscalía ha solicitado informes a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y a la ABT, y no descarta avanzar hacia una imputación formal en los próximos días.
El caso “Adán y Eva” ya no es solo un asunto familiar: se ha convertido en un terremoto político que pone bajo la lupa al entorno más cercano del presidente.
Redaccion central
About Author
