En plena campaña electoral, Jorge “Tuto” Quiroga elevó el tono de sus críticas contra Evo Morales y anunció que impulsará un juicio de responsabilidades por el caso Hotel Las Américas, un episodio que en 2009 terminó con la muerte de tres extranjeros en un operativo policial que aún genera polémica por denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
En un viaje en trufi hacia Sacaba, la charla con un conductor dejó al descubierto una contradicción que atraviesa Bolivia: la subvención al combustible puede ser un verdadero subsidio social para quienes dependen de una sola movilidad para trabajar, pero también corre el riesgo de convertirse en un privilegio encubierto para quienes poseen autos de lujo o varias movilidades en una misma familia.
En Bolivia, la corrupción se castiga con cárcel, pero rara vez con devolución. Los funcionarios condenados cumplen sus penas tras las rejas, mientras los millones sustraídos permanecen ocultos en cuentas externas, en manos de testaferros o transformados en propiedades. Esta práctica repetida erosiona la confianza en la democracia y convierte el castigo en un ritual incompleto: se encarcela al culpable, pero el daño económico al pueblo queda sin reparar.
