Brenda Lafuente, exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), presentó ante el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba una demanda de asistencia familiar contra el presidente de Bolivia, Luis Arce, además de un monto por gastos de embarazo y nacimiento, para garantizar el sustento de su hijo de 10 meses, a quien asegura concibió con el mandatario en 2023.
Su abogada, Camila Vargas, remarcó que “el objetivo no es una pelea política, sino que el niño reciba el apoyo que merece”. Subrayó que no se pidió prueba de paternidad porque, desde la perspectiva de la madre, “se da por hecho quién es el padre”.
Sin embargo, el presidente Arce ha negado la paternidad alegando esterilidad tras un tratamiento médico, lo que mantiene el caso abierto a definiciones judiciales. Una prueba de ADN ordenada por la justicia fue suspendida, dilatando un proceso que, según la Defensoría del Pueblo y organizaciones de niñez, debería resolverse con prioridad para proteger al menor.
“El derecho a la manutención y a un desarrollo integral debe garantizarse sin demoras, independientemente de las disputas legales”, señaló un representante defensor.
El caso ya es tema de debate nacional: mientras unos exigen que el mandatario asuma responsabilidades, otros cuestionan los móviles de Lafuente. En el centro de la controversia, el bebé sigue siendo el principal afectado por la incertidumbre.
Redacción central Cochabamba
Portada diseño de imagen simbólica de un bebé, en blanco y negro, resaltando la vulnerabilidad infantil.
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