Un préstamo de 80 millones de dólares otorgado por YPFB Refinación a Botrading S.A., una filial constituida en Paraguay, desató una tormenta política y jurídica. La operación, iniciada en febrero de 2023 con 18 millones de dólares y ampliada después, pretendía financiar la intermediación en la comercialización de combustibles. Sin embargo, se otorgó con una tasa de interés del 1%, muy por debajo de los estándares de mercado (5%–10%), lo que genera dudas sobre la razonabilidad y eficiencia en el uso de recursos públicos, como exige la Ley SAFCO.
El diputado Carlos Alarcón denunció que Botrading no fue autorizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), pese a que la Constitución Política del Estado (CPE) exige su aval para la creación de filiales y operaciones financieras de esta magnitud. Alarcón calificó a la filial como una “empresa de papel”, señalando que habría encarecido la importación de combustibles con presuntos sobreprecios: comprando a 66,06 dólares y revendiendo a 80,16 dólares por barril.
La Cámara de Diputados ya remitió un informe a la Fiscalía, solicitando investigar posibles daños económicos y violaciones constitucionales. El proceso, sin embargo, enfrenta serios obstáculos: la jurisdicción paraguaya limita la autoridad de la Contraloría General del Estado (CGE) y la falta de transparencia en los contratos y en la estructura accionaria de Botrading impide seguir la pista del dinero.
El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, defendió la operación, alegando que permitió ahorros de 30 millones de dólares al romper monopolios de proveedores internacionales. Pero la tardanza de la ALP en fiscalizar, pone en entredicho la capacidad o voluntad de supervisar a tiempo una empresa estratégica.
Expertos proponen una auditoría independiente y la cooperación con autoridades paraguayas para esclarecer el caso. Mientras tanto, la Fiscalía y la CGE deberán determinar si el préstamo se ajusta a la normativa y si existió daño al Estado, en un episodio que reaviva el debate sobre la transparencia en YPFB, pilar de la economía boliviana.
Redacción central La Paz
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