La nueva norma arrasa con el polémico artículo del Código de Familia que, por años, permitió que niñas de apenas 16 años —e incluso de 12 con dispensa judicial— se casaran. Esa puerta legal, abierta supuestamente para casos excepcionales, se convirtió en la vía de escape para legitimar el embarazo adolescente, los abusos y la violencia. Las cifras eran un grito silencioso: casi 5.000 adolescentes entre 16 y 17 años y casi 500 niñas de entre 12 y 15 años fueron empujadas a uniones legales en la última década, con el consentimiento de sus propias familias. Un estudio incluso estimaba una realidad mucho más oscura, con más de 32.000 niñas unidas o casadas antes de los 15.
Esta ley es, ante todo, una medida de protección. Cada vez que una niña es forzada a una unión, su proyecto de vida se trunca. El colegio queda atrás, reemplazado por las tareas domésticas y la maternidad precoz. Su cuerpo se vuelve territorio de violencia. Su futuro, una repetición del ciclo de pobreza. La promulgación de esta ley es la respuesta del Estado a las persistentes recomendaciones de la ONU y la CIDH, que veían en la legislación boliviana un vacío que perpetuaba la violación de derechos humanos fundamentales.
El camino no fue rápido. El proyecto durmió en los pasillos del Legislativo durante meses, hasta que la presión de organizaciones de mujeres y defensores de la niñez logró su aprobación final en la Cámara de Diputados. Ahora, con la rúbrica de Choquehuanca en representación del presidente Luis Arce, Bolivia se une al grupo de países que han erradicado legalmente esta práctica nociva. El mensaje es claro y contundente: en Bolivia, una niña ya no puede ser esposa. Su único trabajo es crecer, aprender y soñar.
Redacción central La Paz
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