El Gobierno de Rodrigo Paz enfrenta su primer gran desafío: demostrar que la lucha contra la corrupción será real y no solo un mensaje político. Aunque el ministro José Luis Lupo anunció que el plan estructural recién estará consolidado en marzo, la población espera resultados inmediatos. Para Lupo, el orden de prioridades es claro: primero un plan de emergencia para garantizar el abastecimiento de combustible, y luego un decreto urgente que permita transparentar los actos administrativos y los procesos de contratación pública.
En Santa Cruz, voces ciudadanas como las de Juan Carlos, Alberto y Rommer —que intervinieron en la plaza 24 de Septiembre— expresaron la preocupación generalizada: ¿qué hará Paz para que la corrupción no continúe como en gobiernos anteriores? La demanda es contundente: no basta prometer, se necesita una norma que obligue a transparentar cada adquisición, cada contrato y cada decisión administrativa. La expectativa recae sobre cambios profundos en el SICOES, que podría ser reformado o sustituido por un sistema más abierto y auditable en tiempo real.
El Ejecutivo ya adelantó que trabaja en un paquete de decretos destinados a reorganizar el Estado, elevar los estándares de control interno y eliminar la discrecionalidad en la administración pública. Sin embargo, la presión social crece: la ciudadanía quiere ver resultados ahora, no en marzo. La legitimidad del nuevo gobierno dependerá de su capacidad de hacer visibles —y trazables— todos los actos administrativos desde el primer día.
Redacción central La Paz
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