La detención del expresidente Luis Arce Catacora, ocurrida la tarde de este 10 de diciembre de 2025 en La Paz, desató un impacto político inmediato dentro y fuera del país. El operativo fue confirmado por Reuters, que destacó que Arce fue aprehendido en el marco de una investigación por presunto desfalco millonario en el Fondo Indígena. La agencia subraya que su arresto se produjo apenas un mes después de dejar el poder, marcando un giro radical en la agenda anticorrupción del gobierno de Rodrigo Paz Pereira.
En su declaración indagatoria ante la comisión de fiscales, Arce se acogió al derecho constitucional al silencio, limitándose a identificarse y a entregar una comunicación escrita en la que manifestó que no respondería preguntas. De acuerdo con El País, el exmandatario permaneció tres horas en la FELCC antes de ser llevado a celdas policiales, donde pasó la noche mientras la Fiscalía preparaba la imputación formal por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El diario español remarca que la defensa del exjefe de Estado denunció la detención como “ilegal”, mientras el gobierno insistió en que ningún exmandatario está por encima de la ley.
La información corroborada por AP News señala que la Fiscalía fundamenta su caso en resoluciones ministeriales firmadas por Arce entre 2011 y 2015, cuando dirigía el Ministerio de Economía, que permitieron transferencias directas de dinero del Fondioc a cuentas personales de dirigentes sociales en lugar de cuentas institucionales. Estas decisiones —según el Ministerio Público— facilitaron el desvío de al menos 575 millones de bolivianos. La audiencia cautelar, prevista entre el 11 y 12 de diciembre, definirá si Arce enfrentará el proceso en libertad o en detención preventiva, medida que la Fiscalía solicitará alegando riesgo de fuga y de obstaculización.
La prensa internacional coincide en que el caso Fondo Indígena, reactivado por las comisiones de la verdad del gobierno de Paz Pereira, representa un punto de inflexión en la política boliviana post-MAS. Reuters advierte que la caída judicial de Arce podría alterar el mapa político opositor y oficialista; El País destaca que su silencio lo deja en una posición procesal más frágil; y AP News remarca que el proceso podría sentar un precedente judicial sin equivalentes para un expresidente democrático. Con más de 23.000 folios de pruebas, será ahora la justicia boliviana la que determine si el caso avanza a juicio oral.
Portada gentileza de BTV
Redacción central La Paz
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