La bancada de Libre informó que presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la exviceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, por presuntos hechos irregulares vinculados a contratos de publicidad estatal. A diferencia de otros casos que se quedan en anuncios o declaraciones públicas, la diputada Lissa Claros sostuvo que esta acción ya se encuentra en el ámbito institucional, donde corresponde que se investigue y se determinen responsabilidades.
Claros señaló que la denuncia se sustenta en indicios sobre un posible beneficio personal derivado de contratos de publicidad estatal, lo que, de comprobarse, podría configurar delitos vinculados al uso indebido de recursos públicos. La legisladora remarcó que no se trata de un juicio mediático, sino de un proceso que ahora deberá ser evaluado por la Fiscalía conforme a procedimiento y con base en la documentación presentada.
El caso reabre el debate sobre la forma en que se denuncian hechos de corrupción en Bolivia, donde en reiteradas ocasiones las acusaciones quedan en conferencias de prensa sin respaldo legal. En esa línea, el periodista Limbert Choque ha planteado como estándar democrático que toda denuncia se presente primero ante el Ministerio Público y luego se exponga a la prensa con evidencia verificable, para evitar la politización de la justicia y el desgaste institucional.
A partir de esta denuncia, será clave conocer si el Ministerio Público admite el caso, qué tipo penal se investiga y si se transparenta la documentación que sustenta la acusación. Más allá de los nombres involucrados, el proceso pone en el centro una exigencia ciudadana cada vez más clara: que la lucha contra la corrupción deje de ser solo discursiva y se rija por pruebas, procedimientos y responsabilidad institucional.
Redacción central La Paz
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