La captura en Quito del segundo más buscado por defraudación tributaria reabre un debate clave en la región: mientras algunos países logran sancionar fraudes millonarios, en Bolivia persiste un sistema donde los grandes evasores no solo rara vez llegan a juicio, sino que además utilizan la vía judicial para dilatar procesos con chicanas jurídicas y evitar el pago de sus obligaciones. Esta combinación de evasión estructural y abuso del sistema legal debilita la capacidad del Estado para enfrentar delitos económicos de alto impacto.
En Bolivia, la informalidad y la evasión fiscal siguen siendo fenómenos persistentes. Estudios del Banco Mundial y del BID señalan que la evasión del IVA supera el 30% y que cerca del 70% de la economía se mueve fuera del control tributario. A pesar de que se identifican redes de facturas falsas, empresas ficticias y créditos fiscales simulados, muchos de estos casos terminan entrampados en acciones de amparo, recursos incidentales y procesos interminables, utilizados por contribuyentes para frenar o anular las determinaciones de Impuestos Nacionales.
La comparación histórica con Al Capone resulta inevitable: mientras en Estados Unidos un criminal terminó preso por evasión fiscal, en Bolivia incluso los casos más graves difícilmente llegan a la fase penal. El problema se potencia por un sistema judicial lento, permeable a presiones políticas y saturado de recursos dilatorios, lo que convierte a las chicanas jurídicas en un mecanismo eficaz para prolongar procesos durante años y, en muchos casos, lograr la prescripción.
El daño económico es profundo. Entre evasión, contrabando y procesos que se estancan en los tribunales, Bolivia pierde entre 2.000 y 2.500 millones de dólares anuales, cifras que superan ampliamente el presupuesto destinado a sectores esenciales como salud e infraestructura.
Sin una reforma que cierre el paso a las dilaciones judiciales y fortalezca la capacidad sancionatoria del Estado, la evasión seguirá siendo un delito rentable y de bajo riesgo, que podría alimentar la fragilidad fiscal y la desconfianza ciudadana.
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Redacción central La Paz
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