Decretos Supremos bajo la lupa constitucional: por qué el desacuerdo jurídico no se presume, se activa
En Bolivia, un Decreto Supremo no cae por sospecha ni por desacuerdo político. Si existen argumentos jurídicos sólidos contra los DS emitidos por el Ejecutivo, el freno constitucional no es automático: debe activarse. La CPE no presume la inconstitucionalidad, pero tampoco la tolera por omisión. Cuando nadie recurre a las instancias pertinentes, la interpretación cuestionable se consolida y el Estado de derecho se debilita.
