El compromiso del presidente Rodrigo Paz de “trabajar el modelo 50/50” con las autoridades que resulten electas en las próximas elecciones subnacionales abre una señal política de diálogo y descentralización, pero también instala una interrogante clave: ¿existe realmente margen técnico y fiscal para que esa redistribución de recursos impacte en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026? La propuesta, presentada como una reforma estructural del modelo centralista, parece avanzar más rápido en el discurso que en la arquitectura institucional.
Desde el Ministerio de Economía, el mensaje ha sido distinto en los tiempos. La cartera económica solicitó a la Asamblea Legislativa un plazo hasta febrero o marzo para reformular el PGE e intentar introducir ajustes vinculados al esquema 50/50. Sin embargo, el presupuesto ya fue aprobado bajo una lógica tradicional de asignación centralizada, lo que obliga a cualquier cambio a pasar por modificaciones legales, reprogramaciones de partidas y acuerdos políticos que difícilmente pueden resolverse en cuestión de semanas. Incluso si se habilita una reforma presupuestaria, el margen de maniobra sería limitado y más simbólico que estructural.
La propia declaración de Paz introduce un factor adicional de cautela: el modelo será “construido” con los gobernadores y alcaldes que aún deben ser electos y que asumirán funciones recién en el segundo trimestre del año. Esto traslada el verdadero debate al plano político y territorial, donde entran en juego intereses regionales, capacidades administrativas y disputas por competencias. En ese escenario, resulta poco realista esperar que un rediseño profundo del reparto de recursos pueda materializarse plenamente dentro del ejercicio fiscal 2026.
El riesgo es que el 50/50 quede atrapado entre la expectativa ciudadana y la lentitud del Estado. Mientras el Gobierno proyecta una narrativa de descentralización, el calendario presupuestario impone límites técnicos que podrían convertir la promesa en un proceso gradual, con avances parciales y resultados diferidos. La clave no estará solo en el anuncio político, sino en la transparencia con la que se expliquen los alcances reales, los plazos y los costos de una reforma que, si no se gestiona con coherencia, puede terminar erosionando la credibilidad institucional.
Redacción central La Paz
