Mié. Nov 18th, 2026

Bascopé apunta a la inamovilidad laboral: ¿corregir abusos o abrir la puerta a menos protección?

El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, propone revisar la inamovilidad laboral porque, a su juicio, una conquista social se habría desvirtuado hasta convertirse, en algunos casos, en una garantía de permanencia indefinida. El planteamiento abre un debate que va más allá de los supuestos abusos: cómo mejorar la productividad y combatir el uso irregular de las protecciones laborales sin debilitar derechos reconocidos por la Constitución.

La declaración del ministro pone sobre la mesa una discusión necesaria, pero que exige algo más que denuncias. Bascopé sostiene que existen trabajadores que consiguen inamovilidad por situaciones que califica como menores y terminan convirtiendo esa protección en una especie de derecho de por vida. Si el Ministerio conoce casos de fraude o utilización indebida de estas garantías, corresponde identificarlos, investigarlos y presentar evidencias.

Sin embargo, hay que separar los abusos de la finalidad de la norma. La inamovilidad laboral no nació para otorgar privilegios ni para liberar al trabajador de sus responsabilidades, sino para proteger a personas que enfrentan condiciones de especial vulnerabilidad frente al poder del empleador.

La Constitución reconoce la estabilidad laboral y prohíbe el despido injustificado. Además, establece protecciones específicas para mujeres embarazadas y progenitores, mientras otras disposiciones amparan a personas con discapacidad. Ninguna de estas garantías supone inmunidad frente a faltas laborales debidamente comprobadas.

Por tanto, el problema no se resuelve debilitando la protección, sino mejorando los mecanismos de control y aplicación de la normativa. Un trabajador protegido también tiene obligaciones; un empleador, por su parte, debe respetar los procedimientos legales antes de cualquier desvinculación.

La propuesta también alcanza a las dirigencias sindicales. Bascopé planteó limitar a dos gestiones la permanencia de representantes en sindicatos y otras organizaciones. Aquí aparece otro debate: la alternancia puede fortalecer la democracia interna, pero una restricción impuesta desde el Estado debe respetar la autonomía sindical reconocida por la Constitución.

Hay, además, una dimensión económica que el Gobierno no debería ignorar. Las empresas necesitan reglas claras para organizar su personal, exigir resultados y sostener su productividad. Pero en un país con elevados niveles de informalidad, debilitar las garantías laborales sin demostrar sus efectos podría terminar encareciendo el costo social de la reforma.

Antes de impulsar cambios, el Ministerio de Trabajo debería responder preguntas concretas: ¿cuántos casos irregulares identificó?, ¿qué mecanismos se utilizaron para obtener esas protecciones?, ¿qué controles fallaron y qué artículos pretende modificar?

La discusión no debería convertirse en una disputa entre empresarios y trabajadores. Se trata de establecer reglas que protejan derechos sin encubrir abusos y que permitan exigir responsabilidades sin abrir espacio a despidos arbitrarios.

Por Equipo de redacción

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