La ATT ajustó las tarifas de los vuelos nacionales tras la eliminación de la subvención al jet fuel, cuyo precio subió un 288%. Carlos Alberto Agreda, director de la ATT, aseguró que los incrementos aplicados a los pasajes fueron “muy pequeños” en relación con el aumento real del combustible, y que las nuevas tarifas, vigentes por 180 días, oscilan entre un 20% y 40% según la ruta.
Claudia Bilbao y Catherine Pinto cuestionaron el aumento y anunciaron que solicitarán un informe detallado a la ATT. Además, propusieron usar vuelos militares como alternativa más económica para los ciudadanos. Lo irónico, señalan analistas, es que los viajes de ellas mismas siempre se financian con fondos del legislativo, por lo que no sienten directamente el impacto económico de las tarifas.
Samuel Doria Medina también rechazó el aumento, advirtiendo los posibles efectos sobre la inflación y el bolsillo de la población. La percepción general es que viajar hoy en avión se ha vuelto un lujo, especialmente en rutas y fechas que antes eran más accesibles, un contraste con los viajes de los legisladores que se financian desde el presupuesto público.
Aunque la ATT sostiene que las tarifas ajustadas buscan mantener la viabilidad de las aerolíneas nacionales, la polémica pone en evidencia la desconexión entre la clase política y los usuarios: el público paga con su propio dinero, mientras algunos legisladores critican lo que nunca han pagado de su bolsillo. Los vuelos militares aparecen como una alternativa planteada para garantizar acceso sin afectar la economía de los ciudadanos.
Redacción central La Paz
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