En Bolivia, la regla es clara: el Ministerio Público dirige la investigación penal, conforme a la Constitución y al Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, en operativos de alto riesgo, las fuerzas del orden pueden actuar de forma inicial sin presencia fiscal, siempre que exista urgencia o flagrancia. El problema surge cuando esa actuación no es inmediatamente informada ni validada por un fiscal.
En este contexto, las versiones de que el fiscal general, Roger Mariaca Montenegro, no habría sido informado del operativo contra Marset elevan el nivel de preocupación institucional. Si bien no es obligatorio que el fiscal general conozca cada acción, sí es imprescindible que exista dirección funcional de un fiscal competente. Sin ese elemento, cualquier acto investigativo queda jurídicamente debilitado.
Pero el punto más crítico no es solo la forma, sino el fondo. Las denuncias sobre el supuesto robo de bienes durante el operativo obligan a abrir una investigación penal paralela. Bajo el Código Penal de Bolivia, estos hechos podrían configurar delitos como robo agravado, uso indebido de bienes o incumplimiento de deberes, especialmente si involucran a funcionarios públicos.
Esto genera un efecto dominó: la investigación principal podría verse contaminada. La defensa de los implicados tendría argumentos para cuestionar la legalidad de las pruebas, alegar ruptura de cadena de custodia o incluso denunciar manipulación de evidencias. En términos prácticos, el caso podría debilitarse antes de llegar a juicio.
Más allá del expediente, el episodio refleja un problema mayor: la posible fractura entre el Ejecutivo, la Policía y el Ministerio Público. Cuando la coordinación institucional falla en casos de alto perfil, el impacto no es solo jurídico, sino político.
Por Equipo de redacción
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