En cualquier proceso penal, los bienes secuestrados —más aún en casos de narcotráfico— deben quedar bajo resguardo institucional, típicamente en dependencias como Dircavi o instancias equivalentes encargadas de su administración y control. No es un detalle menor: se trata de activos que pueden estar vinculados a lavado de dinero, testaferros o estructuras criminales.
Por eso, la pregunta es directa y sin rodeos: si el vehículo está en la calle, quién autorizó su uso. Y de inmediato surge otra igual de incómoda: quién lo estaba conduciendo y bajo qué figura legal. No hay demasiados márgenes grises; o existe una orden fiscal o judicial plenamente justificada, o estamos ante un uso irregular de un bien bajo custodia del Estado.
El antecedente del caso Marset —marcado por fugas, fallas operativas y dudas sobre redes de protección— agrava el impacto de esta versión. Incluso si todo termina siendo una confusión, el solo hecho de que resulte creíble revela un problema mayor: la fragilidad de la confianza pública en el manejo de evidencias sensibles.
En este escenario, el silencio institucional juega en contra. La Policía y el Ministerio Público están obligados a aclarar con rapidez: ubicación del vehículo, estado legal, cadena de custodia y responsables. Cada hora sin respuesta alimenta la sospecha.
Portada gentileza DTV
Por Equipo de redacción
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