La denuncia presentada por el diputado Manolo Rojas contra el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, ingresó al ámbito judicial luego de que el Ministerio Público admitiera el caso para investigación preliminar. El proceso gira en torno a presuntas irregularidades vinculadas al cobro de beneficios por incapacidad laboral, aunque el caso también abre un debate político sobre el uso de mecanismos judiciales en medio de tensiones sindicales y sociales.
Según la denuncia, Argollo habría recibido más de Bs 141 mil por una supuesta incapacidad relacionada con silicosis crónica. El legislador cuestiona la legalidad de esos pagos y pide investigar posibles delitos vinculados a fraude, falsedad documental o irregularidades previsionales.
Desde el punto de vista jurídico, la admisión de la denuncia no implica culpabilidad ni una imputación automática. La Fiscalía deberá ahora reunir documentación médica, verificar resoluciones administrativas, revisar pagos y ordenar pericias que permitan establecer si existió o no un beneficio obtenido de manera irregular.
El caso, sin embargo, también tiene una fuerte lectura política. Mario Argollo es uno de los dirigentes visibles de la COB en un contexto marcado por conflictos sociales y presiones sobre el Gobierno. Por ello, distintos sectores interpretan la denuncia como una señal de presión política mediante la vía judicial.
Especialistas coinciden en que el desarrollo de la investigación será determinante para medir la independencia institucional del Ministerio Público. Si existen indicios sólidos, la Fiscalía podrá formalizar una imputación; de lo contrario, el caso podría quedar archivado por falta de pruebas.
En términos legales, el principio de presunción de inocencia continúa vigente mientras no exista una resolución judicial ejecutoriada.
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Por Equipo de redacción
