La propuesta de Evo Morales de convocar elecciones generales en 90 días abrió un nuevo frente político en Bolivia. Sin embargo, el Gobierno respondió endureciendo su discurso y llevando el conflicto incluso al Consejo Permanente de la OEA, donde el canciller Fernando Aramayo denunció “acciones y estructuras” destinadas a afectar el orden democrático y la estabilidad institucional del país.
Pero mientras oficialismo y evismo disputan la narrativa política, en la calle la preocupación parece mucho más concreta. La falta de dólares, la subida de precios, la incertidumbre laboral y el desgaste económico comienzan a pesar más que la discusión sobre quién debe gobernar.
“Benditos los que tienen trabajo”, es una frase que empieza a repetirse cada vez más entre ciudadanos golpeados por la crisis. El malestar social ya no responde únicamente a afinidades políticas, sino a una sensación creciente de fragilidad económica.
En ese escenario, el Gobierno enfrenta un desafío complejo: defender la institucionalidad mientras la población exige respuestas inmediatas a problemas cotidianos. Y al mismo tiempo, la oposición tampoco termina de presentar una hoja de ruta económica clara que genere confianza.
La discusión nacional parece desplazarse lentamente desde la disputa política hacia una pregunta más profunda: no solo quién gobierna Bolivia, sino quién puede estabilizar la economía sin provocar una crisis aún mayor.
Por Equipo de redacción
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