«Los costos están sobre las espaldas del sector público», afirmó el ministro Gabriel Espinoza al referirse a las consecuencias económicas de los bloqueos. La frase busca transmitir que los daños provocados por estas medidas no afectan únicamente al Gobierno, sino a todos los bolivianos que sostienen al Estado mediante sus aportes tributarios.
Sin embargo, una revisión de la estructura fiscal del país revela un elemento clave. Bolivia cuenta con poco más de medio millón de contribuyentes registrados, una cifra reducida frente a una población que supera los 12 millones de habitantes. Esto significa que la responsabilidad de financiar gran parte del gasto público recae sobre una minoría de ciudadanos y empresas que operan dentro de la economía formal.
La situación es aún más evidente cuando se analiza la recaudación. Un grupo reducido de grandes contribuyentes genera más de la mitad de los ingresos tributarios nacionales, consolidando una fuerte concentración de la carga fiscal. En otras palabras, cuando los bloqueos reducen la actividad económica, afectan la recaudación y obligan al Estado a asumir costos extraordinarios, el peso termina recayendo principalmente sobre quienes ya aportan de manera regular al fisco.
El debate, por tanto, no se limita a las pérdidas económicas ocasionadas por las movilizaciones. También expone una debilidad estructural: un sistema donde pocos sostienen gran parte de los ingresos públicos mientras amplios sectores permanecen al margen de la tributación formal.
Las declaraciones de Espinoza reabren así una discusión de fondo sobre la necesidad de ampliar la base tributaria, fortalecer la formalización de la economía y distribuir de manera más equilibrada las responsabilidades que permiten financiar al Estado boliviano.
Por Equipo de redacción
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