Según la denuncia, la empresa habría sido contratada mediante contratación directa y percibiría Bs 3,80 por cada transacción, lo que, de confirmarse una cobertura cercana a los dos millones de beneficiarios, representaría un ingreso aproximado de Bs 16 millones. Hasta el momento, corresponde verificar documentalmente esos extremos.
No obstante, incluso si la contratación se ajustó a la normativa vigente, persisten preguntas de interés público que merecen una respuesta oficial. Si el pago del Bono PEPE se canaliza a través de entidades financieras, ¿qué función específica desempeñó la empresa contratada?, ¿qué servicios tecnológicos, administrativos o de interoperabilidad justificaron su participación?, ¿la Gestora no contaba con capacidad institucional para ejecutar esas tareas?, ¿qué criterios técnicos y económicos respaldaron la decisión de tercerizar el servicio?
La contratación directa es una modalidad prevista por la legislación boliviana en determinados casos, pero ello no exime a las entidades públicas de demostrar que la decisión respondió a criterios de eficiencia, economía y transparencia. Más aún cuando se trata de una institución que administra recursos de alta sensibilidad para millones de bolivianos.
En ese contexto, una explicación técnica y documentada por parte de la Gestora contribuiría a despejar dudas y fortalecer la confianza ciudadana. La transparencia no solo implica cumplir la ley, sino también informar con claridad por qué se adoptan determinadas decisiones administrativas y cuál es el beneficio concreto para el Estado y los beneficiarios del programa.
La discusión, por tanto, no debe centrarse únicamente en el costo del contrato, sino en la justificación de la contratación. En materia de gestión pública, la rendición de cuentas constituye el mejor mecanismo para fortalecer la credibilidad institucional y garantizar el adecuado uso de los recursos públicos.
Por Equipo de redacción
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