El director General a.i. de la Escuela de Jueces del Estado, Iván Carballo Medina, advirtió que algunos egresados permanecen hasta tres años en espera de una designación. Durante ese tiempo, muchos modifican su proyecto de vida, aceptan otros empleos o cambian de residencia, lo que termina derivando en el rechazo de la designación cuando finalmente es ofrecida.
Desde la perspectiva del derecho público y de la administración de justicia, el problema trasciende la demora administrativa. La existencia de profesionales especializados que esperan durante años para incorporarse al sistema evidencia una posible desconexión entre la planificación institucional, la cobertura de vacantes y las necesidades reales del servicio judicial.
El acceso a una tutela judicial efectiva, reconocido por la Constitución Política del Estado y por instrumentos internacionales de derechos humanos, no depende únicamente de contar con jueces capacitados. También exige un sistema que garantice designaciones oportunas, independencia funcional, estabilidad en la carrera judicial, transparencia en los nombramientos y mecanismos eficaces para reducir la mora procesal.
En ese contexto, la Escuela de Jueces constituye apenas uno de los componentes del sistema. La calidad de la formación puede elevar el nivel técnico de los operadores judiciales, pero no elimina por sí misma las causas estructurales que generan retardación de justicia, excesiva burocracia, déficit de personal, carga procesal desproporcionada o eventuales interferencias externas en el ejercicio de la función jurisdiccional.
El verdadero desafío radica en fortalecer la institucionalidad del Órgano Judicial mediante reformas que articulen la formación con una carrera judicial basada en el mérito, procesos de designación ágiles, evaluación permanente del desempeño y garantías efectivas de independencia frente a cualquier influencia política o corporativa.
Mientras esos elementos no sean abordados de manera integral, la espera de hasta tres años para que un egresado asuma funciones podría convertirse en un síntoma de una crisis mayor: un sistema que forma jueces, pero que continúa enfrentando dificultades para responder con oportunidad, eficiencia y credibilidad a las demandas de justicia de la ciudadanía.
Por Equipo de redacción
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