Jue. Nov 19th, 2026

Empresas públicas en déficit: el Gobierno evalúa si reestructura, fusiona o cierra las que no sean sostenibles

Las pérdidas acumuladas por 15 empresas estatales, que alcanzan Bs 5.177 millones, reabrieron el debate sobre el rol del Estado como empresario. Mientras el Gobierno inició una evaluación del desempeño de las empresas públicas, expertos coinciden en que el problema no radica únicamente en los números en rojo, sino en la falta de gestión basada en resultados, indicadores de rendimiento y una planificación estratégica que garantice su sostenibilidad.

El informe sitúa a Mi Teleférico (Bs 2.039,2 millones), Yacimientos de Litio Bolivianos – YLB (Bs 527,7 millones) y Boliviana de Aviación – BoA (Bs 485,9 millones) entre las empresas con mayores pérdidas. Junto a Karachipampa, concentran cerca del 68% del déficit total del sector empresarial estatal, lo que evidencia que el problema está focalizado en un reducido grupo de compañías.

La solicitud del Ministerio de la Presidencia para que cada ministerio informe sobre la situación financiera de las empresas bajo su tuición puede convertirse en el punto de partida para una reestructuración. Sin embargo, un saneamiento financiero aislado no resolverá las causas estructurales del déficit.

Desde una perspectiva financiera, un eventual alivio tributario podría ayudar a regularizar obligaciones fiscales acumuladas, reducir multas e intereses y mejorar temporalmente el flujo de caja de algunas empresas. No obstante, si continúan operando con pérdidas, el problema reaparecerá en pocos años.

El debate tampoco debe centrarse en si el Estado debe o no tener empresas públicas. Existen sectores estratégicos y empresas de servicio cuya presencia estatal puede estar plenamente justificada, especialmente cuando garantizan integración territorial, seguridad energética, industrialización o acceso a servicios básicos.

Lo que sí exige una revisión profunda es el modelo de gestión. Una empresa pública debe ser administrada con criterios similares a los de una empresa privada, sin perder su finalidad social cuando corresponda. Eso implica medir permanentemente su desempeño mediante indicadores de productividad, eficiencia operativa, flujo de caja, rentabilidad, retorno sobre la inversión, cumplimiento de metas y calidad del servicio.

Otro aspecto determinante es la gobernanza corporativa. La experiencia demuestra que cuando los cargos ejecutivos responden principalmente a criterios políticos y no técnicos, aumentan los riesgos de ineficiencia, retrasos en la toma de decisiones y ausencia de rendición de cuentas. La profesionalización de directorios y gerencias constituye uno de los pilares para recuperar la sostenibilidad financiera.

En el caso de empresas comerciales como BoA, según expertos en economía la meta debe ser alcanzar equilibrio financiero y generar utilidades. En empresas de carácter social o de infraestructura, como Mi Teleférico, además de controlar los costos, deben incorporarse indicadores que midan el impacto económico y social que justifique el uso de recursos públicos. Para proyectos estratégicos como YLB, el desafío consiste en transformar las millonarias inversiones en producción e ingresos sostenibles.

La evaluación que impulsa el Gobierno representa una oportunidad para clasificar las empresas entre estratégicas, comerciales, sociales o inviables. A partir de ello podrán definirse procesos de reestructuración, alianzas público-privadas, fusiones o, cuando corresponda, el cierre de aquellas que no demuestren viabilidad económica o impacto social suficiente.

Por Equipo de redacción

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