La palabra intervención no es menor. Cuando un Gobierno anuncia que una empresa estatal será intervenida, la ciudadanía entiende que alguien asumirá el control, revisará su funcionamiento y tendrá atribuciones para tomar decisiones mientras se esclarecen las irregularidades. En YPFB, sin embargo, esa figura no aparece con claridad.
Han pasado varios días desde que el Gobierno de Rodrigo Paz anunció la medida y Sebastián Daroca continúa ejerciendo como presidente ejecutivo de YPFB. El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, mantiene además la presidencia del Directorio. Mientras tanto, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción participa en las tareas de revisión e investigación.
Ahí aparece la primera contradicción. El Gobierno habla de una intervención, pero no ha identificado públicamente a un interventor o síndico que haya asumido la conducción de la empresa ni ha explicado con precisión qué autoridad tiene facultades para intervenir su administración. Lo que se conoce parece más cercano a una operación de fiscalización e investigación que a una intervención en sentido estricto.
La discusión adquiere mayor relevancia por la naturaleza de las denuncias. El Gobierno no presentó la medida como una revisión rutinaria. Habló de presuntas redes de corrupción, desvío y reventa de combustibles, mientras que posteriormente surgieron cuestionamientos relacionados con la compra de crudo, contratos y la calidad de la gasolina.
En ese escenario, la participación del Viceministerio de Transparencia puede servir para establecer responsabilidades, pero no resuelve por sí misma la cuestión central: quién tiene ahora el control efectivo de YPFB y bajo qué instrumento legal lo ejerce.
La oposición ya ha puesto el dedo en esa herida. El diputado de Unidad Carlos Alarcón cuestionó la forma en que se ejecuta la medida y reclamó una verdadera intervención de la estatal petrolera. Su cuestionamiento obliga al Ejecutivo a algo más que defender el anuncio: debe explicar qué se hizo desde el día en que se comunicó la intervención y cuáles son sus primeros resultados.
Porque una intervención no debería quedarse en una palabra contundente utilizada en una conferencia de prensa. Debería tener un responsable, atribuciones, plazo y resultados que puedan ser fiscalizados.
El Gobierno tiene ahora que aclarar si YPFB fue realmente intervenida o si lo que existe es una investigación y fiscalización interna. La diferencia no es un asunto de lenguaje. Tratándose de la principal empresa estatal del sector energético, también es una cuestión de seguridad jurídica, transparencia y responsabilidad pública.
Por Equipo de redacción
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