El DS 5727 no dispone que todas las empresas deficitarias sean cerradas de inmediato. Establece una ruta para que, a partir del diagnóstico de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) y la aprobación del Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP), cada entidad pueda ser reorganizada, disuelta o liquidada según corresponda.
El dato que puso sobre la mesa Pablo Camacho es pesado: la OFEP identificó 20 empresas públicas en situación crítica. En un diagnóstico previo sobre 15 empresas, la entidad reportó pérdidas acumuladas de Bs 5.177,1 millones, equivalentes al 42% de su patrimonio. También informó que el conjunto de las empresas públicas acumulaba pérdidas por Bs 12.742,8 millones.
A eso se suma otro agujero: la OFEP detectó alrededor de Bs 8.100 millones de deuda tributaria de varias empresas públicas con el Servicio de Impuestos Nacionales. Pablo Camacho advirtió además que, en algunos casos, esas obligaciones ni siquiera aparecían registradas en los balances financieros.
El primer caso ya está sobre la mesa. Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, anunció que avanza la liquidación ordenada de DATACOM y señaló que se evalúan otras empresas estatales deficitarias. Según la información oficial, DATACOM acumulaba pérdidas de aproximadamente Bs 34,14 millones hasta julio de 2026 y las auditorías identificaron pagos extralegales por Bs 15,9 millones entre 2016 y 2022, además de observaciones en activos y contrataciones.
Aquí aparece la pregunta que no debería quedar sepultada debajo del decreto.
Si una empresa pública llegó a perder millones, acumuló deudas y deterioró su patrimonio, ¿quién la administró, quién la fiscalizó y qué hicieron los mecanismos de control cuando las señales de alarma ya estaban encendidas?
La respuesta no está necesariamente en el cierre.
El propio Decreto Supremo 5727 establece que la reorganización, disolución o liquidación no suspenderá la determinación de responsabilidades. Las investigaciones, auditorías y procesos administrativos pueden continuar de manera paralela, y la liquidación no libera de responsabilidad a servidores ni exservidores vinculados con la gestión de las empresas.
Ese punto debería convertirse en una condición de la nueva etapa: cerrar la empresa que pierde dinero, sí; cerrar el expediente sobre cómo se perdió ese dinero, no.
La eficiencia del Estado tampoco se mide solamente por cuántas empresas desaparecen de la nómina. Se mide por su capacidad para detectar a tiempo una mala administración, activar controles, corregirla y, cuando corresponda, establecer responsabilidades.
Y ahí entra el control social.
La población no debería enterarse de que una empresa estatal está en crisis solamente cuando llega el decreto de liquidación. Las unidades de auditoría interna deben funcionar con independencia, producir información útil y activar las alertas antes de que el daño sea irreversible. El control social, además, necesita información pública comprensible para poder revisar qué se hizo con los recursos de todos.
El caso DATACOM muestra por qué esa discusión es necesaria: el Ministerio de Obras Públicas sostiene que su cierre permitirá un ahorro superior a Bs 30 millones anuales, pero al mismo tiempo las auditorías detectaron operaciones y pagos que ahora deben ser explicados y, si corresponde, generar responsabilidades.
Paz ha puesto sobre la mesa una pregunta económica: ¿cuánto cuesta mantener empresas públicas que pierden dinero?
Ahora la sociedad debería poner otra: ¿cuánto costó dejar que llegaran hasta ahí y quién responde por ello?
Porque un Estado más eficiente no es solamente el que aprende a cerrar lo que ya no funciona. Es el que aprende a controlar antes de que la factura la paguen los bolivianos.
Por Equipo de redacción
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