El primer problema está en no mezclar conceptos. Una cosa es el dinero que Bolivia necesita para importar y garantizar el abastecimiento de combustibles y otra, la diferencia entre el costo real del producto y el precio al que se vende dentro del país.
En julio, desde el propio Gobierno se habló de un gasto de entre US$40 y US$50 millones semanales para traer combustibles y garantizar el abastecimiento. Posteriormente, la cifra utilizada para dimensionar la subvención subió a alrededor de US$55–58 millones por semana.
Colque plantea una metodología diferente. Su cuestionamiento apunta a separar el costo total del sistema de abastecimiento del subsidio propiamente dicho. Bajo ese cálculo, la subvención sería mucho menor: aproximadamente US$18 millones semanales.
La diferencia cambia completamente la fotografía.
A US$58 millones por semana, el costo anualizado supera los US$3.000 millones. A US$18 millones, se acerca a US$936 millones.
Pero hay que poner una precisión sobre la mesa: que Colque cuestione la metodología oficial no significa, por sí solo, que los US$18 millones sean la cifra definitiva. Esa cuenta también debe poder ser auditada y contrastada con datos de importación, producción nacional, precios internacionales, volúmenes y precio interno.
Y aquí está lo más importante para el debate público: si la cifra del Gobierno no refleja todo el costo real de la subvención, otros terminarán mostrando la diferencia. Y si la cifra de Colque tampoco resiste una revisión técnica, también deberá ser corregida.
No se trata de creerle al Gobierno ni de creerle a Colque.
Se trata de abrir las cuentas.
Porque una decisión económica de semejante magnitud necesita algo más que una cifra repetida en discursos: necesita una metodología transparente que permita saber cuánto se gastaba realmente, cuánto se subsidiaba y cuánto se ahorrará después del cambio.
Por Equipo de redacción
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