La declaración de Justiniano coloca la posibilidad de una extradición sobre la mesa, pero también marca sus límites.
“No tenemos todavía una solicitud de extradición, pero no descartamos que pronto pueda venir”, señaló el ministro, al referirse al caso del exfiscal general y a las acusaciones formuladas por Estados Unidos.
El ministro agregó este viernes que, si las acusaciones terminan siendo demostradas, considera que lo ideal sería que Mariaca cumpla una eventual condena en Bolivia. La definición de responsabilidades, remarcó, corresponde ahora al Ministerio Público y a la Justicia, no al Ejecutivo.
El dato jurídico central es que Bolivia no puede convertir por sí sola esta posibilidad en una extradición. El tratado bilateral entre Bolivia y Estados Unidos establece un mecanismo de entrega recíproca de personas requeridas por las autoridades judiciales de ambos países.
La solicitud debe ser formal, escrita y transmitida por los canales diplomáticos, acompañada de la documentación exigida por el tratado. Por tanto, el siguiente movimiento, si Estados Unidos pretende llevar a Mariaca ante su justicia, tendría que provenir del Estado requirente.
Esto explica también la diferencia entre lo que existe hoy y lo que podría ocurrir después.
Hoy existe una investigación en Bolivia, una acusación pública de Estados Unidos y una posibilidad de extradición. No existe todavía un pedido formal estadounidense. El propio ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, había señalado que no sería una sorpresa que Estados Unidos requiriera a Mariaca, pero confirmó que ese requerimiento aún no había llegado.
El caso, además, se desarrolla mientras la defensa de Mariaca cuestiona la legalidad de su aprehensión mediante una acción de libertad. Es decir, antes de hablar de una eventual entrega a otro país, la justicia boliviana debe resolver la situación jurídica inmediata del investigado.
La eventual extradición tampoco sería automática si Washington presenta el requerimiento. El tratado establece requisitos, documentación y causales que deben ser examinados por las autoridades competentes del Estado requerido.
Así, la frase políticamente más fuerte —“Mariaca será extraditado”— todavía no tiene sustento. Lo que sí está sobre la mesa es algo más concreto: el Gobierno boliviano no descarta que Estados Unidos pueda pedirlo y reconoce que, si llega ese requerimiento, deberá activarse el procedimiento previsto por la ley y el tratado bilateral.
Por Equipo de redacción
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