La requisa de la oficina que ocupaba Mariaca en Sucre dejó nuevos elementos bajo investigación: Bs 49.830, 195 soles, cadenas y medallas de oro, además de documentos, agendas y fotocopias de expedientes. La Fiscalía informó que el valor de las joyas aún no fue establecido y que las evidencias serán analizadas. El hallazgo, por sí solo, no demuestra la procedencia ilícita de los bienes ni la responsabilidad penal del exfiscal.
A esto se suma la afirmación del viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, quien sostuvo que Mariaca habría pagado en dólares a asambleístas para ser elegido fiscal general. La acusación apunta a un asunto que trasciende al exfiscal: si hubo compra de votos, también corresponde investigar quiénes habrían recibido dinero y qué pruebas respaldan esa denuncia.
Mariaca ya afronta procesos que han derivado en su detención preventiva. Cada nueva revelación aumenta la presión sobre su defensa y abre interrogantes sobre el funcionamiento de una institución que debía investigar los delitos, no quedar bajo sospecha.
Sin embargo, la gravedad de las denuncias no reemplaza las pruebas. Ni el dinero encontrado equivale automáticamente a enriquecimiento ilícito ni una declaración oficial constituye, por sí misma, una sentencia.
El problema de fondo es otro: la justicia boliviana arrastra una crisis de credibilidad que viene de mucho antes de este caso. Por eso, la sociedad necesita algo más que anuncios, allanamientos y acusaciones cruzadas. Necesita una investigación independiente, pruebas verificables y decisiones judiciales fundamentadas.
El peor desenlace sería que el tiempo pase, las versiones se multipliquen y la verdad nunca llegue. Que queden las sospechas, pero no las respuestas; que las responsabilidades se diluyan y que, una vez más, la justicia termine sin convencer a nadie.
Por Equipo de redacción
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