En la entrevista con Fernando del Rincón, Urioste contó que un empresario para quien había trabajado como abogado le solicitó su currículum pocos días antes de su elección. Dijo que desconocía si el documento llegaría a manos de algún legislador y negó que hubiera existido un pago o compromiso previo.
El relato plantea una incógnita que va más allá de la identidad del empresario: ¿quién llevó la candidatura a la negociación parlamentaria y cómo se construyó el consenso que terminó favoreciendo a Urioste?
El presidente del Senado, Diego Ávila, anunció que existía un nombre de consenso después de cinco votaciones fallidas. El senador José Manuel Ormachea, por su parte, explicó que se revisaron los archivos de postulantes de las elecciones judiciales de 2024 y que allí encontraron el perfil de Urioste. El fiscal atribuye el impulso inicial a un empresario; la versión parlamentaria describe otra parte del proceso. Falta esclarecer cómo se conectaron ambas.
¿Fue una gestión que terminó favoreciendo a un abogado sin que este conociera todos los pasos posteriores? ¿Hubo intermediarios políticos? ¿Qué papel desempeñó el empresario? Son preguntas legítimas, pero ninguna permite, por sí sola, concluir que existió una irregularidad.
También cabe que la entrevista haya expuesto la falta de preparación de Urioste para responder bajo presión. Una cosa es conocer el derecho y otra explicar con precisión una decisión política e institucional. Sin embargo, no se puede atribuir su respuesta únicamente a la inexperiencia: también es posible que desconozca parte de la negociación o que haya decidido reservar información.
El problema es que la Fiscalía necesita algo más que una declaración de inocencia para generar confianza. La independencia del Ministerio Público debe sostenerse en hechos verificables, especialmente cuando el propio mecanismo de llegada de su máxima autoridad despierta interrogantes.
La discusión no consiste en condenar a Urioste por una entrevista ni en presumir culpabilidades. Consiste en reconstruir la secuencia: quién pidió el currículum, quién lo recibió, quién propuso al candidato y cómo se alcanzaron los votos que lo llevaron al cargo.
Porque, cuando quien debe investigar las relaciones entre el poder político y los intereses privados llega a la Fiscalía a través de una gestión que todavía no se ha aclarado por completo, las explicaciones no son un detalle de imagen. Son parte de la confianza pública que debe ganarse.
Por Equipo de redacción
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