La controversia ya no puede reducirse a una discusión sobre inteligencia artificial. El análisis difundido por Bolivia Verifica aporta elementos para cuestionar la hipótesis de que el fragmento examinado fue creado artificialmente, pero no certifica que la grabación esté completa, que no haya sido editada ni que todo lo que se escucha corresponda fielmente a una conversación original.
En el audio, la voz atribuida a Cerimedo describe un supuesto operativo de 15 días para capturar a Evo Morales y calcula un costo de entre Bs 7 y 8 millones. El dinero, según la conversación difundida, serviría para alquilar helicópteros, adquirir equipo táctico y financiar a fuerzas especiales o personal externo.
La cifra es uno de los puntos que exige aclaración. Una cosa es que un monto aparezca mencionado en una grabación; otra, muy distinta, es demostrar que hubo una solicitud formal, una gestión ante alguna autoridad, una autorización o un desembolso de recursos. Hasta que esos extremos se acrediten, no corresponde presentar el supuesto financiamiento como un hecho consumado.
Mauricio Zamora, por su parte, reconoció que mantenía contacto telefónico con Cerimedo, pero sostuvo que el audio fue modificado, sacado de contexto y que lo relatado no era real. Ese reconocimiento confirma la existencia de comunicación entre ambos, no la integridad ni el contenido exacto del fragmento difundido.
La diferencia importa. Si hubo edición, corresponde establecer qué se cortó, qué se alteró y si esos cambios modificaron el sentido de la conversación. Una afirmación pública no sustituye una pericia integral, del mismo modo que un resultado favorable en un detector de IA no equivale a una certificación judicial de autenticidad.
La investigación debería despejar, al menos, cuatro cuestiones: la identidad de las voces, la integridad de la grabación, la existencia de gestiones para conseguir los recursos mencionados y la eventual participación de funcionarios o terceros en el supuesto operativo.
El Gobierno había sostenido que no protegería a Cerimedo y que correspondía investigar los hechos. Ahora, con los resultados difundidos por Bolivia Verifica, la discusión necesita pasar de las descalificaciones a la evidencia: registros de comunicación, pericias independientes, documentos y trazabilidad de cualquier recurso público que pudiera estar involucrado.
Por Equipo de redacción
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