En el análisis financiero de la salud de una economía se observa a través de sus indicadores: crecimiento, inflación, deuda, reservas internacionales, déficit fiscal y confianza de los inversores. Ninguno cuenta toda la historia por sí solo. Lo decisivo es cómo se relacionan y si muestran una economía capaz de sostenerse sin recurrir permanentemente a nuevos préstamos.
Bolivia enfrenta precisamente ese desafío. El financiamiento del FMI, el BID y otros organismos puede contribuir a cubrir necesidades inmediatas y aliviar las restricciones financieras. Sin embargo, conseguir recursos no equivale a resolver los problemas estructurales. Un crédito puede comprar tiempo; no crea, por sí mismo, empresas competitivas, empleos sostenibles ni nuevas exportaciones.
La clave para revertir está situación de crisis pasa por la capacidad del empresariado para invertir, innovar, ampliar mercados, producir más y generar empleo formal. Las empresas son parte fundamental del motor que transforma el capital en actividad económica, ingresos familiares, impuestos y divisas. Sin una recuperación de la inversión productiva, el país corre el riesgo de estabilizar algunos indicadores financieros sin conseguir una mejora equivalente en la economía cotidiana.
Pero el empresario no invierte únicamente porque exista una oportunidad comercial. También calcula los riesgos. Necesita reglas tributarias previsibles, acceso razonable a insumos y divisas, contratos que se cumplan, trámites que no se conviertan en obstáculos y una justicia capaz de resolver controversias con independencia e imparcialidad.
Aquí entra la responsabilidad del Estado. La seguridad jurídica no es un privilegio concedido a los empresarios ni significa eliminar controles. Es la garantía de que las reglas serán claras, estables en sus principios y aplicadas sin arbitrariedad. También exige combatir la corrupción, proteger la competencia y asegurar que las obligaciones legales se cumplan tanto en el sector privado como en el público.
Cuando esas condiciones fallan, la inversión puede postergarse, reducirse o dirigirse a actividades de menor riesgo y horizonte más corto. Cuando funcionan, aumenta la posibilidad de que el capital se convierta en capacidad productiva, empleo y crecimiento. La seguridad jurídica no garantiza por sí sola el éxito de una empresa, pero la incertidumbre institucional puede encarecerlo y desalentar nuevas inversiones.
El empresariado también tiene deberes. No basta con exigir garantías al Gobierno: debe asumir riesgos productivos, elevar su competitividad, innovar, formalizar empleos y reinvertir. La recuperación requiere un entorno institucional confiable, pero también iniciativa, responsabilidad y visión de largo plazo.
El objetivo final, de acuerdo a expertos en economía que hacen un análisis minucioso, debe ser que Bolivia genere más ingresos y divisas mediante su propia actividad económica, fortalezca su recaudación y reduzca gradualmente su dependencia del endeudamiento externo. Ese es el vínculo entre la salud financiera y la economía real: las cuentas públicas pueden ordenarse, pero la sostenibilidad exige una base productiva capaz de respaldarlas.
Los créditos internacionales pueden servir de puente. La inversión, la producción y la seguridad jurídica deben construir el camino.
Por Equipo de redacción
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