La inteligencia artificial ha complicado la tarea de distinguir entre contenidos auténticos y material fabricado o alterado. Pero esa dificultad no resuelve el caso ni permite sacar conclusiones anticipadas. Para eso existen los procedimientos técnicos y las instituciones encargadas de investigar.
Paz optó por dejar que la justicia verifique las grabaciones. Ahora corresponde que el Ministerio Público tome la palabra presidencial como una oportunidad para actuar con independencia, rigor técnico y transparencia. No se trata de validar automáticamente lo que se escucha, pero tampoco de desecharlo bajo la sospecha genérica de que pudo intervenir la inteligencia artificial.
La Fiscalía tiene competencias para evaluar hechos de conocimiento público e iniciar investigaciones de oficio cuando corresponda. En este caso, debe determinar la autenticidad e integridad de los archivos, disponer las pericias necesarias y establecer si existen elementos que justifiquen una investigación penal. La verificación técnica de una voz, por sí sola, no demuestra que una conversación haya ocurrido exactamente como fue difundida ni que su contenido constituya un delito.
Lissa Claros, por su parte, pidió al fiscal general interino José Armando Urioste que conforme una comisión de fiscales y recurra al IDIF para esclarecer el caso. Su planteamiento apunta a que la institución competente asuma una tarea que no puede resolverse únicamente en el terreno de las declaraciones políticas.
La exigencia tiene un sentido institucional: si el Presidente remite el asunto a la justicia y una legisladora reclama actuaciones concretas, la Fiscalía debe responder dentro de sus atribuciones. No basta con anunciar que se investigará; la ciudadanía necesita conocer qué actuaciones se realizaron y qué resultados pueden hacerse públicos sin comprometer la investigación.
Los audios no son, por sí mismos, prueba concluyente de culpabilidad. Pero tampoco la posibilidad de una manipulación constituye prueba de falsedad. Entre ambos extremos está el trabajo que le corresponde al Ministerio Público: obtener evidencia, contrastarla y actuar conforme a ley.
Al final, la cuestión no es quién gana la pulseada política alrededor de las grabaciones. Es si las instituciones pueden ofrecer respuestas verificables cuando un caso de interés público pone bajo sospecha a personas vinculadas al poder. La certeza no se decreta ni se consigue con declaraciones: se construye con investigación.
Por Equipo de redacción
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