Día: 4 de noviembre de 2026

«Mientras la justicia busca a sus propias autoridades, la economía sigue esperando que alguien se ocupe de los problemas de la gente». La orden de aprehensión contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, por presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa, abre otro frente de incertidumbre institucional en Bolivia. El caso, declarado en reserva temporal, irrumpe en un país donde la preocupación económica no da tregua y la ciudadanía necesita algo más que sobresaltos políticos: seguridad jurídica, estabilidad y respuestas concretas.

En un Estado de derecho, ninguna autoridad del Órgano Ejecutivo puede atribuir responsabilidades penales ni instalar sospechas como si fueran conclusiones judiciales. La investigación de posibles delitos corresponde al Ministerio Público y la determinación de culpabilidad a los tribunales, bajo las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia. Por eso, las declaraciones del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, que relacionan a Romer Saucedo con el exfiscal general Roger Mariaca y sugieren que su salida del país responde a esa cercanía, abren un debate mayor: ¿está el Gobierno respetando la independencia de las instituciones y los límites constitucionales de su autoridad?

Donald Trump convirtió las elecciones legislativas de medio término en una prueba de respaldo a su Gobierno y el resultado le dio una respuesta adversa: los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado, desplazando a los republicanos de la mayoría en ambas instancias. El voto del 3 de noviembre refleja el malestar de una parte importante del electorado con el costo de vida, la inflación, la guerra con Irán y las preocupaciones por la corrupción. No significa que Trump deje la Presidencia, pero sí que afrontará sus dos últimos años de mandato con un Congreso opositor y menos margen para imponer su agenda.

«Yo, desde afuera, puedo ser más útil que estando en una cárcel o muerto». La frase de Romer Saucedo no es una advertencia menor: expresa el nivel de temor con el que un ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dice abandonar Bolivia junto a su esposa y sus tres hijos. Denuncia que su libertad y la vida de su familia corren peligro, acusa al poder político de utilizar la justicia para perseguir a quienes considera incómodos y advierte sobre una posible fabricación de pruebas y amenazas contra su entorno. Si estas denuncias tienen sustento, el problema deja de ser individual: pone en cuestión las garantías que ofrece el Estado, la independencia judicial y la seguridad de quienes ejercen funciones públicas.