En un extenso mensaje público, Saucedo explicó que tomó la decisión más dura de su vida: salir del país con su familia. Sostiene que Bolivia dejó de ser un lugar seguro para ellos y que las garantías jurídicas se habrían convertido en instrumentos de persecución política.
Sus acusaciones son graves. Afirma que se construyen relatos para desacreditarlo, que podrían sembrarse pruebas para abrir procesos en su contra y que existirían sectores dispuestos incluso a recurrir a sicarios para silenciar a quienes consideran una amenaza.
No son hechos demostrados por el solo hecho de haber sido denunciados. Corresponde que las autoridades investiguen, establezcan si existen amenazas concretas y determinen responsabilidades. Pero tampoco son afirmaciones que puedan despacharse como un simple conflicto personal.
Saucedo atribuye el supuesto hostigamiento a su actuación frente a las intromisiones políticas en la justicia. Recuerda que llegó a la papeleta electoral después de quedar entre los ocho mejores seleccionados en la preselección legislativa y que recibió más de 740.000 votos en Santa Cruz, convirtiéndose en el magistrado más votado del país.
En su mensaje también se detiene en su familia. Recuerda cuando estuvo detenido a los 21 años y su padre lo visitaba cada mañana con un termo de agua caliente para compartir mate. Ahora, dice, esos encuentros tendrán que esperar. A sus padres y hermanas les pide fortaleza y unidad ante lo que considera posibles intentos de amedrentamiento.
Pero hay un antecedente institucional que cambia la lectura de su salida. Saucedo ya había presentado su renuncia a la Presidencia del TSJ. La Sala Plena eligió a Carlos Ortega Sívila como sucesor, con posesión prevista para enero de 2027. Por tanto, su partida no debe confundirse con el abandono de una Presidencia que continuara ejerciendo normalmente.
Su condición de magistrado y la conducción administrativa del Tribunal son asuntos distintos. La renuncia a la Presidencia no significa necesariamente que haya dejado la magistratura.
La decana Rosmery Ruiz convocó a una Sala Plena de emergencia para tratar la situación. Corresponde conocer qué determinaciones adopta el Tribunal y cómo garantizará su continuidad institucional.
El caso deja dos obligaciones que el Estado no puede eludir: investigar las amenazas denunciadas y asegurar que las instituciones judiciales funcionen sin presiones políticas. La independencia de la justicia no se demuestra con discursos, sino con garantías efectivas, procedimientos transparentes y decisiones sometidas a la ley.
Porque cuando una autoridad judicial afirma que teme por su vida y decide marcharse del país, la ciudadanía tiene derecho a preguntar qué está ocurriendo con las garantías que deberían proteger a todos, no solamente a quienes ocupan un cargo público.
Por Equipo de redacción
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