Día: 6 de noviembre de 2026

La destitución de Santiago Peña en Paraguay mediante un juicio político pone sobre la mesa una diferencia constitucional que merece atención en Bolivia: mientras el artículo 225 de la Constitución paraguaya permite al Congreso separar al presidente por mal desempeño de sus funciones, la Constitución boliviana no contempla un mecanismo equivalente. En Bolivia, el juicio de responsabilidades está diseñado para juzgar delitos cometidos durante el ejercicio del mandato, no para sancionar políticamente una gestión deficiente. Dos países vecinos, dos modelos distintos de control del poder presidencial.

Una denuncia que vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control y selección de funcionarios del Gobierno de Rodrigo Paz. Abel Loma, abogado de Claudia Cortez, testigo clave del caso coimas que involucra al exministro Juan Santos Cruz, sostiene que María José Fernández Quiroga, actual jefa de Gabinete del ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, habría ofrecido $us 50.000 y Bs 200.000 a su defendida para evitar que denunciara al exministro y abandonara el país. La acusación adquiere dimensión política porque Fernández trabajó anteriormente con Santos Cruz y hoy forma parte del entorno de confianza de una de las principales autoridades del Ejecutivo.