La denuncia tiene un antecedente que no puede pasar inadvertido. El caso coimas estalló en 2023, cuando se conoció una presunta red de cobros ilegales a empresarios que buscaban contratos en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. La investigación alcanzó al entonces ministro Juan Santos Cruz, quien posteriormente recibió una sentencia.
Según el relato difundido por Abel Loma, Fernández Quiroga habría visitado a Claudia Cortez en su domicilio de Santa Cruz y le habría planteado un pago de Bs 200.000 y otros 50.000 dólares para que desistiera de denunciar a Santos Cruz y saliera de Bolivia.
El señalamiento no es menor. Loma también atribuye a Fernández presuntos vínculos con el manejo de dinero procedente de las extorsiones a empresarios. Se trata de afirmaciones que deben ser contrastadas con documentación bancaria, actuaciones fiscales y la versión de la aludida.
La controversia adquiere mayor relevancia por la trayectoria de Fernández. Antes de llegar al Ministerio de la Presidencia, trabajó en el despacho de Santos Cruz y posteriormente ocupó funciones en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Actualmente es jefa de Gabinete de Fernando Aramayo.
Su presencia junto al ministro en una cena en España quedó registrada en un video grabado por una ciudadana boliviana residente en ese país, que circuló en redes sociales. Las imágenes permiten visualizar la cercanía entre ambos, pero no constituyen prueba del supuesto ofrecimiento de dinero. Son dos elementos distintos que coinciden en una misma controversia.
Hay, además, un antecedente que compromete la explicación institucional del caso: según la información difundida por el abogado, la familia de Cortez ya había comunicado a Aramayo los antecedentes de Fernández mediante una carta enviada el 12 de agosto de 2026.
Si esa comunicación fue recibida, corresponde conocer qué verificaciones realizó el ministro, qué información tenía sobre la situación judicial de su colaboradora y por qué decidió mantenerla en un puesto de confianza.
La Fiscalía también tiene una tarea pendiente: esclarecer el supuesto ofrecimiento, verificar si existió una alerta migratoria y precisar cuál es la situación procesal de Fernández. Una denuncia de esta naturaleza no puede resolverse en el terreno de las declaraciones ni quedar sepultada por la polémica en redes sociales.
El Gobierno de Rodrigo Paz enfrenta una pregunta incómoda: ¿con qué criterios se selecciona a quienes ocupan cargos de confianza y qué controles se aplican para evitar que personas vinculadas a investigaciones de corrupción terminen dentro del propio aparato estatal?
La lucha contra la corrupción no se demuestra solamente con discursos ni con el cambio de autoridades. También se mide por la transparencia de las designaciones, la calidad de los controles y la disposición a dar explicaciones cuando aparecen antecedentes comprometedoras.
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Por Equipo de redacción
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