«Bolivia, Bolivia, Bolivia… El atroz Estado Plurinacional’. Así comienza Calasich una reflexión que no ahorra calificativos y que termina con una consigna política: «Que vuelva la República de Bolivia».
Su diagnóstico reúne hechos y percepciones que alimentan el malestar ciudadano. La crisis alcanza a la administración de justicia, donde las máximas autoridades aparecen vinculadas a situaciones judiciales extraordinariamente delicadas; al Legislativo, donde las disputas por los cargos y los procedimientos de elección exponen debilidades políticas, y al Ejecutivo, al que cuestiona por anunciar medidas que no terminan de traducirse en resultados.
Pero hay un elemento todavía más preocupante: la presencia del crimen organizado y su capacidad de intimidación mediante la violencia. Cuando las organizaciones criminales pretenden enviar mensajes a funcionarios con asesinatos, la discusión ya no es solamente sobre seguridad ciudadana. También está en juego la capacidad del Estado para imponer la ley y proteger a sus instituciones.
La propuesta de volver a la República introduce una discusión constitucional y política. Desde 2009, Bolivia se denomina Estado Plurinacional, pero la Constitución mantiene principios republicanos, democráticos y de separación de órganos del poder público. Por tanto, la reivindicación republicana no supone que todos los principios de la República hayan desaparecido, sino que expresa una crítica al funcionamiento del Estado y al rumbo institucional adoptado.
Tampoco sería suficiente recuperar una denominación histórica para resolver los problemas actuales. La institucionalidad no se reconstruye cambiando un nombre, sino garantizando independencia judicial, transparencia, representación política, seguridad y cumplimiento de la ley.
El Gobierno de Rodrigo Paz también queda frente a este espejo. La ciudadanía no solamente espera distanciarse de las prácticas del pasado; exige resultados, autoridad y una administración capaz de recuperar la confianza pública.
La reflexión de Calasich deja, finalmente, una discusión que Bolivia no debería esquivar: ¿necesitamos cambiar el modelo de Estado, cambiar a quienes lo administran o conseguir que las instituciones funcionen de acuerdo con la Constitución y las leyes?
Quizás la respuesta más urgente no esté en el nombre del Estado, sino en su capacidad de proteger al ciudadano, garantizar justicia y ejercer autoridad sin privilegios ni sometimientos.
Por Equipo de redacción
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