«Cambió el Gobierno, pero no cambió el sistema». La frase de Dunn resume una crítica que apunta a las estructuras que sobreviven a los cambios de administración.
El analista financiero y excandidato sostiene que Bolivia continúa atrapada en un modelo prebendal y corrupto, en el que las relaciones de poder y los intereses particulares condicionan el funcionamiento de las instituciones públicas.
El prebendalismo no consiste solamente en distribuir cargos públicos. También puede expresarse en la asignación de contratos, recursos y beneficios estatales para construir lealtades, asegurar respaldos políticos y mantener redes de influencia. Cuando esas prácticas se reproducen, pueden convertirse en mecanismos de captura del Estado.
La preocupación de Dunn es precisamente que esas estructuras no desaparecieron con el cambio de Gobierno. A su juicio, incluso condicionan la capacidad de Rodrigo Paz para tomar decisiones y ejecutar las transformaciones que prometió.
Este diagnóstico contrasta con el balance institucional que el Ejecutivo viene difundiendo sobre sus primeros doce meses de gestión.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, presentó el 5 de noviembre una evaluación centrada en la estabilidad económica, la recuperación de la confianza internacional, la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. También destacó la construcción de una «democracia resolutiva» y la recuperación de la dignidad institucional.
Bolivia TV, por su parte, difundió los principales hitos que el Gobierno atribuye a su primer año, entre ellos la propuesta 50/50, los programas sociales, la lucha contra el narcoterrorismo y la atracción de inversiones internacionales.
El Ejecutivo tiene derecho a comunicar sus resultados y defender su gestión. Sin embargo, presentar avances, medidas y anuncios no responde por sí solo al cuestionamiento central de Dunn: si las estructuras prebendales y corruptas que condicionaron al Estado continúan operando.
La diferencia está en los resultados institucionales. No basta con cambiar autoridades si persisten los mecanismos de distribución de cargos por lealtades, la utilización política de los recursos públicos y las redes de influencia que condicionan las decisiones estatales.
Desmontar esas prácticas requiere algo más que declaraciones de lucha contra la corrupción: investigaciones independientes, transparencia en las contrataciones, controles efectivos, rendición de cuentas y una justicia que actúe sin subordinación a intereses políticos.
El desafío para el Gobierno de Paz no se limita, por tanto, a mostrar qué hizo durante sus primeros doce meses. También está en demostrar qué prácticas logró erradicar y cuánto avanzó en modificar las estructuras que, según Dunn, mantienen al Estado bajo captura.
Porque cambiar a quienes administran el poder no significa necesariamente transformar el sistema que determina cómo funciona el Estado.
Por Equipo de redacción
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