La dimensión de la crisis se refleja en tres cifras. El IPS tenía aproximadamente US$ 355 millones comprometidos en depósitos e inversiones en Ueno Bank, equivalentes a cerca del 9% de su cartera de inversiones. A ello se suman alrededor de US$ 60 millones de la Caja Fiscal, cuya exposición fue denunciada por organizaciones de educadores paraguayos.
El panorama es todavía más amplio. Los relevamientos sobre recursos públicos y previsionales identificaron una exposición aproximada de US$ 855 millones en la entidad, aunque ese monto no corresponde exclusivamente a fondos de jubilación ni representa una pérdida definitiva.
El Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido. La decisión, comunicada el 3 de noviembre de 2026, abrió un proceso para determinar la situación patrimonial de la entidad y las posibilidades de recuperación de sus activos.
El caso deja al descubierto una cuestión que va más allá de la caída de un banco: la administración del riesgo sobre recursos que respaldan obligaciones previsionales. El IPS sostiene que sus inversiones respetaron los límites prudenciales y que las últimas colocaciones se realizaron en 2025. Sin embargo, el cumplimiento de los límites legales no elimina la necesidad de examinar la calidad de las evaluaciones financieras y las advertencias que pudieron existir antes del deterioro de la entidad.
También está en juego la confianza de los jubilados. Alrededor de 32.000 personas cobraban sus haberes mediante cuentas vinculadas a Ueno Bank. El IPS anunció gestiones para trasladar esas cuentas y mantener los pagos en fecha. El Gobierno, por su parte, aseguró que las jubilaciones y el aguinaldo no serían afectados.
Pero existe una diferencia fundamental entre garantizar el pago de las prestaciones y recuperar el patrimonio comprometido. El primero es un compromiso inmediato del sistema; el segundo depende de la recuperación de activos, el resultado del procedimiento bancario y las eventuales responsabilidades de quienes administraron y supervisaron las inversiones.
La caída de Ueno Bank también obliga a examinar la actuación de los organismos de control. Los cuestionamientos sobre operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo controlador, que no habrían sido oportunamente reveladas, plantean interrogantes sobre la transparencia financiera y la eficacia de la supervisión bancaria.
Paraguay puede garantizar que sus jubilados cobren este mes, pero eso no significa que haya resuelto el problema de fondo. La verdadera prueba será recuperar los recursos comprometidos, establecer cómo llegaron a una entidad insolvente y determinar quién debe responder por las decisiones que pusieron en riesgo el patrimonio previsional. La tranquilidad de hoy no puede convertirse en la factura de los jubilados del mañana.
Por Equipo de redacción
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