La decisión de Beller no responde, según su explicación pública, a una simple elección de residencia. Es consecuencia de una ruptura de confianza con las instituciones encargadas de protegerla después del atentado que sufrió el 17 de agosto de 2026.
En una entrevista con Brújula Streaming, relató que solicitó el retiro de la custodia policial de su domicilio el 29 de octubre. Según su versión, la Fiscalía comunicó esa determinación a la Policía al día siguiente, pero los efectivos permanecieron en el lugar hasta el 5 o 6 de noviembre.
Beller sostiene que esa presencia policial dejó de representar seguridad y se convirtió en una forma de hostigamiento y control de sus movimientos. También denunció dificultades para conceder entrevistas a medios internacionales, circunstancias que, según explicó, profundizaron su desconfianza.
Su salida adquiere otra dimensión porque Beller está vinculada a investigaciones sensibles. Denunció un atentado armado y proporcionó información relacionada con Fernando Cerimedo, figura vinculada al entorno político del presidente Rodrigo Paz.
Según su propio relato, recibió ofrecimientos de asilo de cuatro países y optó por México, cuya respuesta a su solicitud llegó en menos de 24 horas.
El Gobierno boliviano anunció que concederá el salvoconducto para permitir su salida. Sin embargo, el traslado no extingue las investigaciones ni libera al Ministerio Público de su obligación de esclarecer los hechos. La Fiscalía tendrá que preservar las declaraciones, asegurar las evidencias y establecer mecanismos para recibir la colaboración de Beller desde el exterior.
El otro asunto pendiente es determinar si existieron irregularidades en el manejo de su custodia policial, quién dispuso mantenerla pese a la instrucción fiscal que ella refiere y qué garantías tenía realmente como testigo protegida.
La salida de Beller no puede convertirse en la salida del caso de la agenda judicial. Si las denuncias quedan sin esclarecer, la discusión dejará de girar exclusivamente alrededor de las razones que la llevaron a pedir asilo y se trasladará a la capacidad de las instituciones bolivianas para investigar hechos que involucran a personas vinculadas al entorno del poder.
Por Equipo de redacción
About Author
