El cuestionamiento de Calasich va más allá de una discrepancia política con el discurso ambiental del presidente. Su observación apunta al rigor con el que Paz presenta información ante representantes de otros países y organismos internacionales, donde cada cifra y compromiso puede convertirse en una referencia para futuras negociaciones.
Uno de los ejemplos señalados es la afirmación de que Bolivia forma parte del mayor reservorio de agua dulce del mundo y aporta cerca del 60% del agua dulce a las cuencas amazónica y del Plata. Calasich observa que el mandatario no identificó el caudal, el periodo ni la metodología que respaldarían ese porcentaje.
También cuestiona la afirmación de que en dos décadas se quemaron más de 85 millones de hectáreas en Bolivia, equivalentes a más del 20% de Europa. Según su análisis, esa superficie representa aproximadamente el 8,3% del continente europeo. Además, advierte que acumular superficies quemadas durante distintos años no significa que se hayan destruido hectáreas diferentes en cada periodo.
Otro punto observado es la comparación entre las 2,6 millones de hectáreas quemadas el año pasado y las 70.000 registradas durante el primer año de gobierno de Paz. Para Calasich, presentar esta última cifra como resultado consolidado es prematuro, porque el balance de 2026 todavía es provisional y las condiciones climáticas también inciden en la extensión de los incendios.
La observación alcanza también a los rankings internacionales. Paz afirmó que Bolivia pasó a ser subcampeona mundial en deforestación y ocupó el cuarto lugar en incendios. Calasich cuestiona que no se hayan precisado los años, indicadores ni fuentes utilizados para establecer esas posiciones. Sin esos elementos, las comparaciones pierden rigor y pueden inducir a interpretaciones equivocadas.
En materia de financiamiento, el analista pone bajo la lupa los cerca de 250 millones de euros anunciados con el banco alemán KfW. El Gobierno presentó el monto como resultado de sus gestiones en Turquía, pero no expuso públicamente el desglose entre créditos y cooperación no reembolsable, ni las condiciones y plazos del paquete. La diferencia no es menor: un anuncio financiero no equivale necesariamente a recursos disponibles.
También cuestiona la comparación con Guyana, a la que Paz atribuyó ingresos ambientales cercanos a los 1.000 millones de dólares. Calasich advierte que los acuerdos de ese país por créditos de carbono tienen plazos y condiciones específicas, por lo que no corresponde presentar esos recursos como si fueran una donación o un ingreso anual.
Pero el cuestionamiento adquiere una dimensión institucional cuando aborda la seguridad jurídica. Paz busca posicionar a Bolivia como destino de inversiones ambientales, mientras Calasich sostiene que las restricciones de la Constitución Política del Estado, particularmente en materia de inversión extranjera y administración de recursos naturales, no pueden ignorarse en esa oferta al mundo.
El analista extiende su crítica a la política ambiental interna. Señala las contradicciones entre el discurso de protección de los bosques y la persistencia de actividades como la expansión de cultivos de coca y la minería aurífera, cuyos impactos requieren controles estatales efectivos. También recuerda que Bolivia participó en encuentros internacionales sobre cambio climático durante las últimas dos décadas, por lo que considera inexacto presentar ese periodo como uno de completo alejamiento de las conversaciones ambientales.
El fondo de su cuestionamiento es la distancia entre lo que se proclama y lo que puede demostrarse. La protección de los bosques, la captación de financiamiento y la recuperación de la confianza internacional necesitan políticas ejecutables, información verificable y resultados medibles.
La advertencia de Calasich apunta directamente a la investidura presidencial: un mandatario no habla únicamente a título personal. Cuando interviene en una cumbre internacional, sus palabras comprometen la representación del Estado. Por eso, la precisión de sus datos, la consistencia de sus anuncios y la correspondencia entre promesas y resultados también forman parte de la credibilidad del país.
Paz cerró su intervención con una consigna: «La naturaleza no se protege con promesas, se protege con hechos». Calasich utiliza precisamente esa premisa para cuestionar al presidente: antes de exigir que el mundo crea en la nueva política ambiental boliviana, el Gobierno debe demostrar que sus propias afirmaciones tienen sustento.
Por Equipo de redacción
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