La alerta sobre presuntas operaciones mineras en el entorno del Parque Nacional Tunari dejó de ser únicamente una versión extraoficial. La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que realizó una inspección el 30 de octubre y encontró indicios de actividad minera irregular en el sector de Misicuni.
La situación encendió las alertas por la posible afectación de la cuenca que alimenta el sistema de Misicuni. La asambleísta departamental Claudia Martínez denunció la existencia de operaciones a cielo abierto y piscinas que, según su versión, contendrían mercurio. Sin embargo, todavía no corresponde afirmar que el agua de la represa o la distribuida a la población esté contaminada. Esa posibilidad requiere resultados de laboratorio.
Consultado sobre el asunto, el fiscal departamental interino de Cochabamba, Dayanne Eddy Ordóñez Tapia, manifestó que desconoce el caso porque no existe una denuncia formal. Su respuesta abre una interrogante sobre el alcance de las competencias del Ministerio Público cuando toma conocimiento de hechos que podrían constituir delitos de acción pública.
El artículo 289 del Código de Procedimiento Penal establece que el fiscal debe dirigir la investigación cuando recibe una denuncia o información fehaciente sobre la comisión de un delito. Por tanto, la denuncia formal no es la única vía contemplada por la norma. Esto no significa que toda irregularidad administrativa deba convertirse automáticamente en una investigación penal, pero sí que corresponde evaluar la información disponible y determinar si existen elementos para actuar.
En ese contexto, Ordóñez Tapia deberá revisar los antecedentes y establecer si la información conocida, particularmente la inspección realizada por la AJAM, justifica actuaciones dentro de las atribuciones del Ministerio Público. No se trata de anticipar responsabilidades ni de dar por probada una contaminación, sino de esclarecer si existe un hecho delictivo y si está en riesgo una fuente estratégica de agua.
La AJAM anunció que continuará las verificaciones y que presentará una denuncia ante el Ministerio Público. La pregunta de fondo es si las instituciones actuarán con la oportunidad que exige un posible riesgo ambiental o si la respuesta llegará cuando el daño ya sea irreversible.
Ñor Equipo de redacción
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