En este caso hay dos asuntos que deben avanzar simultáneamente: establecer responsabilidades por la actividad minera irregular y proteger el agua de Misicuni. Una cosa no puede esperar a que termine la otra.
La AJAM informó sobre la existencia de actividad minera ilegal y anunció acciones administrativas y judiciales. También se conoció que el área denominada El Dorado tiene un antecedente de derecho minero otorgado en 2005. Sin embargo, la existencia de ese antecedente no significa que cualquier explotación esté autorizada ni que pueda realizarse al margen de las normas ambientales.
Pero la población necesita respuestas más concretas. ¿Las operaciones mineras fueron paralizadas efectivamente? ¿Se retiró o decomisó maquinaria? ¿Se controlaron los puntos de explotación y los afluentes que desembocan en la represa? ¿Quién está verificando que no se reanuden las actividades?
La Gobernación debe informar sobre las inspecciones ambientales, las medidas de prevención y la eventual identificación de daños. La Alcaldía, dentro de sus competencias, debe explicar cómo está coordinando la protección de las fuentes de agua y qué acciones asumirá para resguardar a los consumidores. La AJAM, por su parte, debe transparentar el estado del derecho minero, las irregularidades identificadas y las acciones para frenar la explotación ilegal.
También es indispensable conocer los nuevos resultados de laboratorio. No basta con señalar que análisis anteriores no encontraron mercurio. Se necesitan pruebas actualizadas, independientes y completas, que incluyan el río Serqueta, los afluentes, el embalse y los sedimentos, además de los controles sobre el agua tratada y distribuida.
En términos sencillos, la gente quiere saber si el agua está segura y qué están haciendo las autoridades para que siga estándolo. No necesita solamente escuchar que se iniciaron procesos judiciales o que se investigará a los responsables.
Los procesos deben seguir su curso, pero la protección del agua no puede quedar en sala de espera. La prevención, el control territorial, los análisis periódicos y la información pública son medidas que deben ejecutarse ahora.
Misicuni es demasiado importante para Cochabamba como para permitir que la respuesta institucional llegue después de un eventual daño ambiental. Las autoridades tienen que demostrar, con acciones verificables y resultados técnicos, que están protegiendo el agua.
Por Equipo de redacción
