El presidente del SIN, Mario Cazón, aclaró que el Club Bolívar ejerce su derecho a la defensa dentro de dos procesos judiciales contenciosos tributarios. En esta circunstacia, rechazó las acusaciones de Claure sobre una persecución fiscal, afirmando que el sistema tributario boliviano permite a los contribuyentes impugnar cualquier determinación con la que no estén de acuerdo. “No es pertinente mediatizar el tema ni presentarse como víctima”, señaló Cazón.
El SIN recordó que la deuda ejecutoriada del club asciende a Bs5,1 millones, mientras que otras obligaciones tributarias elevan la cifra a Bs5,3 millones. Sin embargo, el monto total en disputa es de Bs22,2 millones, cifra que se encuentra en litigio y cuya resolución depende de la instancia judicial correspondiente. A pesar de ello, Cazón reiteró que estos procesos no suspenden la obligación del club de cumplir de cumplir con las obligaciones tributarias.
Desde la entidad tributaria también se precisó que actualmente no existe una fiscalización en curso sobre el club, aunque en años anteriores se realizaron controles a varios equipos de fútbol profesional, incluyendo Wilstermann, Oriente Petrolero, Blooming, Aurora y The Strongest. Estas acciones, según el SIN, se enmarcan en sus facultades de control y fiscalización establecidas en la Ley 843 y el Código Tributario.
El caso pone de relieve las tensiones entre empresarios y la administración tributaria en Bolivia. Mientras Claure denuncia una supuesta persecución, el SIN sostiene que el club simplemente está ejerciendo su derecho a impugnar, sin que ello implique una exoneración de sus obligaciones. La última palabra la tendrá la justicia, que deberá definir si el monto en disputa corresponde efectivamente a deudas tributarias o si el club tiene fundamentos para su impugnación.
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