Las 10 medidas transitorias anunciadas por el presidente Luis Arce el pasado martes 12 de marzo buscan apaciguar una crisis de combustible que tiene a Bolivia al borde del colapso. Sin embargo, a menos de 24 horas de su anuncio, el escepticismo reina entre los ciudadanos, los precios en los mercados se disparan y los sectores más pobres enfrentan un golpe desproporcionado. ¿Es este el plan de un gobierno que improvisa para sobrevivir o un intento fallido por recuperar la confianza perdida?
La escasez de diésel y gasolina, combinada con una inflación del 8,82% hasta noviembre de 2024 y un déficit comercial que supera los 329 millones de dólares, ha puesto en jaque a una economía donde más del 60% de la población vive de la informalidad. Las filas en los surtidores y las imágenes de ciudadanos desesperados por combustible son ya parte del paisaje cotidiano. En este contexto, medidas como reducir el uso del parque automotor público al 50%, aumentar la distribución de carburantes al 80% o implementar clases virtuales suenan más a paliativos que a soluciones. Pero para quienes viven del día a día —transportistas, vendedores ambulantes, pequeños agricultores—, estas acciones son insuficientes y distantes.
«El gobierno tapa un hueco y abre otro», sentencia María Quispe, una madre de familia que vende comida en El Alto. Su preocupación no es solo el combustible, sino el precio de los alimentos: en los mercados, la papa y el aceite han duplicado su costo en semanas, fruto de la especulación y el acaparamiento que desató el pánico social. A esto se suman rumores de un supuesto «corralito» bancario, que irresponsablemente hicieron circular en las redes; este rumor ha llevado a muchos a vaciar sus ahorros y correr a abastecerse. La memoria de crisis pasadas pesa, y la falta de dólares en el sistema financiero —con exportaciones cayendo a 8.195 millones de dólares frente a importaciones de 8.524 millones hasta septiembre, según el IBCE— solo aviva el fuego.
Las medidas de Arce, presentadas con la pompa de «fortalecer la estabilidad» por portavoces oficiales, no logran disipar la percepción de improvisación. En redes sociales, el tono es mordaz: «Inservible», lo llama @ArtritisReumaCo, mientras medios como @TinformasBo reportan sin entusiasmo. La credibilidad del gobierno, ya erosionada por una aprobación que ronda el 20% y la pugna interna en el MAS con Evo Morales, se tambalea aún más. Las clases virtuales, por ejemplo, alivian la presión en las ciudades, pero en zonas rurales sin internet profundizan la brecha educativa. La app para rastrear combustible suena moderna, pero no sirve a quien no tiene smartphone ni litros que buscar.
Los más vulnerables son los grandes perdedores. Mientras las élites y los empleados públicos pueden adaptarse trabajando desde casa—, los informales enfrentan una ecuación imposible: sin combustible no trabajan, y sin trabajo no comen. La especulación en los mercados agrava su situación, y el gobierno, lejos de controlar precios o garantizar abastecimiento, parece desbordado. «Los que tienen recursos sobreviven; los que no, nos hundimos», dice Juan Mamani, un taxista que lleva días sin operar por falta de gasolina.
La pregunta que flota en el aire altiplánico es cuánto durará este parche. Sin dólares para importar más combustible, sin producción interna que reemplace la dependencia de YPFB (apenas cubre el 14% del diésel), y sin un plan estructural que enfrente la inflación y el desempleo, las medidas de Arce parecen un grito en el vacío. Bolivia no solo enfrenta una crisis económica, sino una de confianza. Y mientras el gobierno juega a tapar huecos, los que viven al día pagan el precio más alto: su supervivencia.
Redacción central
Portada referencial gentileza Jornada
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