El reciente fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia, que declara nula la sesión legislativa del 6 de junio de 2024 pero avala parcialmente actos como la aprobación de un crédito de 176 millones de dólares, expone las tensiones entre la lógica jurídica y las exigencias políticas en un contexto de crisis. Si bien la decisión permite al gobierno de Luis Arce acceder a recursos clave para mitigar la delicada situación económica —marcada por la escasez de divisas y la presión sobre las reservas—, plantea interrogantes sobre la consistencia y la independencia del sistema judicial.
Desde un enfoque estrictamente jurídico, la nulidad de una sesión por irregularidades en su convocatoria debería invalidar todos sus actos. El principio de que lo nulo no produce efectos es un pilar básico del derecho; sin embargo, el TCP optó por una solución selectiva, preservando decisiones de peso económico y político bajo el aparente argumento del «bien mayor». Esta interpretación pragmática evita un colapso inmediato —los 176 millones pueden destinarse a estabilizar la economía o financiar proyectos urgentes—, pero a costa de introducir discrecionalidad en un ámbito que debería regirse por reglas claras. Al hacerlo, el tribunal no solo resuelve un problema coyuntural, sino que establece un precedente peligroso: la validez de un acto podría depender menos de su legalidad formal y más de su conveniencia práctica.
En un país donde la confianza en las instituciones ya está erosionada por la polarización y las disputas internas del Movimiento Al Socialismo (MAS), este fallo refuerza la percepción de un Poder Judicial permeable a las necesidades del poder de turno. La fractura entre el ala de Arce y la de Evo Morales, con Andrónico Rodríguez como figura emergente, añade un trasfondo político que hace difícil leer la decisión como neutral. Al salvar el crédito y un decreto de amnistía, el TCP parece mediar entre facciones, pero sacrifica su autoridad como garante del orden constitucional. ¿Qué impide que en el futuro se repita esta flexibilidad ante otra sesión irregular?
Una alternativa habría sido ratificar la nulidad total y forzar a la Asamblea a revalidar el crédito en un proceso legítimo. Aunque arriesgada en el corto plazo —dada la parálisis política que podría implicar—, habría fortalecido la institucionalidad al priorizar la forma sobre el resultado. Sin embargo, en un contexto de crisis económica y descontento social, esa opción era políticamente inviable. El gobierno gana un respiro, pero el costo es alto: la credibilidad jurídica se deteriora, y el equilibrio entre pragmatismo y principios se inclina hacia el primero, dejando a las instituciones más vulnerables que antes.
Redacción central análisis
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