La Paz, 13 de junio de 2025 — El ingreso de Bolivia a la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha reabierto el debate sobre la transparencia del sistema financiero nacional, la falta de legislación clave y los riesgos de uso político de información sensible. Aunque el país ha cumplido más del 90% de las recomendaciones del organismo internacional, su omisión más crítica está en la ausencia de una norma que autorice técnicas especiales de investigación (TEI) para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Durante la plenaria conjunta GAFI/MONEYVAL en Estrasburgo, el organismo internacional instó a Bolivia a corregir sus deficiencias legales y se le otorgó un plazo razonable para implementar las herramientas pendientes, entre ellas las TEI, como la entrega vigilada, intervención de comunicaciones, agentes encubiertos y rastreo de activos. Sin embargo, la pieza clave para su efectividad —la confidencialidad de la información que maneja la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)— sigue en entredicho ante los antecedentes de filtraciones y politización institucional en el país.
Entre avances técnicos y retrocesos políticos
Las autoridades bolivianas destacan que la mayoría de las recomendaciones técnicas del GAFI ya han sido implementadas, y que la Ley 1386, frenada en 2021 por presión social y campañas de desinformación, habría cerrado el círculo de cumplimiento. Pese a ello, la Asamblea Legislativa Plurinacional aún no ha logrado consensuar una ley que respalde las técnicas especiales exigidas.
Más allá del vacío legal, expertos advierten que el mayor riesgo radica en el uso indebido de la información financiera sensible, un fenómeno que no es nuevo en Bolivia y que socava la legitimidad de las instituciones antilavado. “Si la UIF no tiene garantías de autonomía, control judicial y sanciones claras contra la filtración, cualquier avance técnico se vuelve vulnerable”, sostiene un analista consultado por CalleBolivia.Com.
El poder detrás de los datos
La UIF, según estándares internacionales, debe actuar con autonomía funcional y operar bajo estrictas reglas de confidencialidad. Sus reportes de operaciones sospechosas y análisis financieros no deben ser públicos ni usados fuera del marco judicial. Sin embargo, en Bolivia se ha documentado el uso de información confidencial para golpear adversarios políticos, especialmente en años electorales.
El GAFI es claro en sus lineamientos: la politización de unidades financieras puede ser causa suficiente para mantener a un país bajo supervisión reforzada. Más aún, puede afectar su relación con la banca internacional y elevar el costo de transacciones para exportadores e inversionistas.
¿Una oportunidad o una advertencia?
El gobierno boliviano ha reafirmado su compromiso con el fortalecimiento del sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo), pero para salir de la lista gris no bastará con aprobar una ley. Será necesario blindar a la UIF con controles judiciales efectivos, sancionar con firmeza las filtraciones indebidas y generar confianza pública en que la lucha contra el crimen organizado no será usada como herramienta de persecución política.
Bolivia se encuentra en una encrucijada: convertir la presión internacional en una oportunidad para institucionalizar su sistema financiero o seguir navegando entre avances técnicos y retrocesos políticos. La comunidad internacional y los sectores económicos estarán atentos.
Redacción central
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